La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados Nacional avanzó en el debate sobre el proyecto impulsado por el Frente de Todos para crear un Régimen de Transparencia de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que buscará combatir el lavado de dinero.
Con este proyecto, los diputados oficialistas intentarán transparentar la “opacidad” del marco jurídico que existe para las Sociedades por Acciones Simplificadas, con el fin de mejorar el control y evitar que las mismas puedan ser utilizadas en actividades de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
En concreto, la iniciativa para crear un Régimen de Transparencia de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) fue impulsada por el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y la secretaria del bloque de diputados del Frente de Todos, Paula Penacca.
En este marco, la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, ente que está avanzando en el proyecto de ley para combatir el lavado de dinero, mantuvo una reunión informativa con abogados, especialistas y autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Inspección General de Justicia (IGJ).
En ese sentido, el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, en su exposición ante la comisión de Legislación General, sostuvo que las SAS “son una herramienta apta para el capital emprendedor”.
“El problema no es el instrumento sino que hay un problema más de fondo que tiene que ver con algunos vicios de la ley de sociedades, hay una regulación laxa de la norma. Porque no hay una fiscalización adecuada en su constitución”, expresó Erbetta.
Además, Erbetta ratificó la “necesidad de discutir y proyectar algunas exigencias de mayor control para las SAS, fortalecer organismos de control, y establecer sanciones en casos de omisión de estos controles”.
Por su parte, el titular de la Fiscalía Federal Nº 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, relató que, tras una exhaustiva investigación, descubrió la existencia de unas 40 SAS que estaban interrelacionadas entre sí de forma “espuria”, por lo cual se las imputó al considerarlas “asociaciones ilícitas tributarias”.
“Llegué a la conclusión de que esas SAS se habían formado para generar usinas de facturas falsas, que llegaron a generar una suma de $700.000 millones, emitiendo más de 8.500 facturas falsas. Esto fue posible gracias a las facilidades en conformar las SAS mediante los tramites a distancia que facilitaban comenzar con la inscripción de las sociedades”, afirmó Rodríguez.
En tanto, según el Director de Sociedades Comerciales de la IGJ, Darío De León, “el 95% de las SAS no llevan registros contables, es decir que no queda registro de ingreso y egreso, en definitiva a qué se dedican”. “Es un problema estructural que redunda en la elección de este tipo particular, dado que nadie las controla, nadie sabe a qué se dedican”, concluyó.
Sin embargo, el abogado Alejandro Ramírez recordó que “Pablo Escobar existió antes de las SAS y lavó todo el dinero del mundo”. “Esta ley ,que propone crear un Régimen de Transparencia de Sociedades por Acciones Simplificadas, mata a las pymes. ¿Quién va a hacer negocios en Argentina con esta inestabilidad? Estamos generando burocracia”, sentenció.
Es preciso mencionar, que el principal objetivo del Régimen de Transparencia de Sociedades por Acciones Simplificadas es dotar de mayores mecanismos de control, para que este tipo de sociedades -creadas para emprendedores- sean utilizadas por personas que desarrollan una actividad económica legitima, y no para aquellos que pretenden utilizarlas para el lavado de dinero.
En detalle, el Régimen de Transparencia de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) propone elevar los estándares de control y fiscalización, implicando mayor seguridad jurídica para los socios, contratantes y contribuyentes, desalentando el uso indebido para fines ilícitos.
Por lo cual, entre sus puntos centrales, la iniciativa prevé que las SAS deban acreditar la existencia y veracidad del domicilio y sede social (actualmente sólo denuncian su domicilio sin acreditarlo) para evitar sociedades “fantasmas”, y obligarlas a presentar estados contables y balances.
Cabe destacar, que el debate del Régimen de Transparencia de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) se produce luego de que un proyecto de similares características, elaborado por el senador oficialista Oscar Parrilli, perdiera estado parlamentario tras ser aprobado por la Cámara Alta en junio de 2020.
