El pedido del Gobierno nacional de allanar a periodistas y frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei en medio de las denuncias por presuntas coimas en Discapacidad, desató un fuerte rechazo de un puñado de diputados bonaerenses que advirtieron sobre un intento de censura previa y alertaron por un “avance autoritario” contra la libertad de prensa.
En primera instancia, el diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), Matías Civale, se expresó en repudio de las medidas judiciales impulsadas por el Ejecutivo nacional y disparó: “Lo hicimos durante el Kirchnerismo y lo hacemos ahora. No podemos dejarlo pasar. La democracia es lo contrario a la persecución y a la censura”.
En la misma línea, Civale advirtió sobre el pedido de allanar a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, al calificarlo como un “hecho institucional grave” que atenta contra un derecho básico como es la libertad de expresión y abre las puertas a la normalización de prácticas propias del autoritarismo.
Por su parte, el presidente del bloque UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, se mostró escueto en su posición y sentenció: “La libertad comienza con una prohibición. ¡Censura no!”, mientras que su par legislativa del GEN, Natalia Dziakowski, se expresó irónica: “Búsquenme, me encontrarán, ¿en el país de la libertad?”, publicó junto a la difusión oficial del pedido contra los periodistas.
En tanto, la presidenta del bloque de diputados bonaerenses de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin, alegó que “solo aquellos que no pueden dar explicaciones claras atentan contra la libertad de expresión”.
La diputada Viviana Dirolli se sumó a la ola de críticas, al subrayar que el pedido del Gobierno nacional y la resolución del juez que prohíbe la difusión de los audios de Karina Milei constituyen un caso de censura previa. “Tiene que ser revisado. En democracia se rinden cuentas, no se silencia a la prensa”, condenó.
En este contexto, el legislador “lilito“, Luciano Bugallo se refirió a la posible publicación de los audios por parte de la prensa uruguaya y deslizó: “¿Volvemos a la época en que debíamos informarnos por Radio Colonia?”, en referencia a lo que sucedía en clave comunicacional durante la última dictadura cívico-militar.
Desde la misma bancada, Romina Braga sumó su reflexión de los acontecimientos y redobló la apuesta con duros cuestionamientos hacia la administración de Javier Milei, al señalar que las restricciones en la difusión de los audios implica coartar el derecho a la verdad, y enfatizó que “lo único ilegal acá es la corrupción que están intentando esconder”.
Por otro lado, las críticas también alcanzaron al oficialismo bonaerense a través de la diputada ensenadense de Unión por la Patria, Susana González, que ironizó: “Qué casualidad que la catadora de periodistas haya hecho una denuncia que ni siquiera leyó, y que recayó en el honoris fiscal rebelde y sortijero Storcionelli”.
Finalmente, el referente del Frente de Izquierda Unidad, Guillermo Pacagnini, acusó un “avance autoritario” para cercenar la libertad de prensa y apuntó directamente contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, principal impulsora de la arremetida judicial. “Censura para tapar la corrupción. Bullrich, fascista; nunca dio resultado tratar de matar al mensajero…”, concluyó.
Bullrich pidió allanar a periodistas por los audios de Karina Milei
El Gobierno nacional logró frenar la difusión de nuevos audios que comprometen a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en medio del escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En ese marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió allanar también a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico por difundir grabaciones privadas de la armadora libertaria.
La administración de Javier Milei presentó dos denuncias penales contra los reconocidos comunicadores que difundieron las polémicas grabaciones, bajo la premisa de que existió una supuesta “operación de inteligencia” para grabar conversaciones de funcionarios nacionales. “Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Las presentaciones judiciales quedaron radicadas en el Juzgado Federal N° 12, a cargo de Julián Ercolini, en plena cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas bonaerenses. En este contexto, desde la gestión libertaria calificaron la maniobra como “golpista” y reclamaron medidas cautelares urgentes para frenar nuevas filtraciones.
Por su parte, el juez Alejandro Patricio Maraniello hizo lugar al pedido del Gobierno y ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, grabados en la Casa Rosada. Para garantizar el cumplimiento del fallo, la Justicia envió un oficio al ENACOM, medida que fue celebrada por la conducción nacional al remarcar que “no se permitirá que operaciones ilegales ni injerencias extranjeras manipulen la democracia argentina”.
