La comisión de Servicios Públicos de la Cámara de Diputados bonaerense aprobó este jueves el proyecto de ley impulsado por La Cámpora que apunta a blindar la participación estatal en las empresas de la provincia ante potenciales intentos de privatizaciones.
El cuerpo parlamentario presidido por el diputado de Fuerza Patria, Ariel Archanco, emitió un despacho favorable al proyecto de la legisladora oficialista, Maite Alvado. La votación no fue unánime, puesto que los integrantes del PRO y de La Libertad Avanza manifestaron cuestionamientos al proyecto e impulsaron un dictamen en minoría.
En ese sentido, la iniciativa camporista tuvo el acompañamiento de todos los integrantes oficialistas en la comisión de Servicios Públicos, como así también de los representantes opositoras de Nuevos Aires, Unión y Libertad, UCR-Unión Cívica Radical y HECHOS.
En rigor, el texto que ahora fue girado a la comisión de Legislación General, establece que la privatización de una empresa que cuente con la participación o directamente sea sociedad con participación mayoritaria del Estado, como es el caso de ABSA y AUBASA, solo podrá efectuarse si dos tercios de ambas Cámaras de la Legislatura bonaerense dan el visto bueno.
“La participación o propiedad por parte de la provincia de Buenos Aires en empresas sólo podrá ser reducida por la Legislatura con el voto de dos terceras partes, al menos, de la totalidad de sus miembros”, puntualiza el articulado del texto parlamentario de Alvado.
Es preciso mencionar que, la única normativa que refiere hoy a posibles privatizaciones en empresas estatales provinciales es la Ley 12.989, que reglamenta a Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), la cual establece que la transferencia al sector privado de cualquier porcentaje accionario “deberá contar, previamente, con la autorización de la Legislatura”, es decir, contar con mayoría simple.
“Si como sociedad decidimos que el Estado invierta, es esencial que esa inversión no tenga un horizonte temporal, ya que los bonaerenses no verán los beneficios en el corto plazo. Necesitamos un desarrollo sustentable y duradero para que, cuando estas empresas sean económicamente rentables, no se mercantilicen en beneficios de unos pocos”, afirmó Alvado.
La diputada por la Sexta apunta a evitar las privatizaciones de empresas estatales bonaerenses ante un eventual cambio de gobierno en 2027. “Los servicios y la producción de bienes estratégicos en manos de privados, en el pasado, plantearon numerosos conflictos”, añadió la legisladora por la Sexta sección electoral.
A nivel nacional, el proyecto encuentra su principal antecedente en la iniciativa que presentó en julio de 2023 el diputado nacional Máximo Kirchner para blindar una eventual privatización de Aerolíneas Argentinas.
Con la aprobación de la Ley Bases impulsada por el gobierno de Javier Milei, actualmente hay ocho empresas estatales nacionales sujetas a privatización o a concesión: Enarsa; Nucleoelétrica Argentina; Yacimientos Carboniferos de Río Turbio; Intercargo; Corredores Viales; AySA; Trenes Argentinos; y Belgrano Cargas.
