En un nuevo revés parlamentario para el Gobierno nacional, la Cámara de Diputados nacional aprobó la reforma del Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). No obstante, el artículo 3 que proponía plazo de 90 días para que el Congreso se pronuncie sobre los decretos no alcanzó la mayoría absoluta y la norma deberá volver para su tratamiento al Senado.
Con 140 votos afirmativos, 80 negativos y 17 abstenciones, los diputados de la oposición lograron aprobar en general la reforma del Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (26.122), pero no logró convertiste en ley por las modificaciones introducidas al proyecto aprobado por la Cámara alta en septiembre.
En detalle, la aprobación se consiguió con los votos de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coherencia, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, que superaron a la resistencia de los bloques del PRO, de La Libertad Avanza, el Pro y los representantes de la denominada Liga del Interior.
En tanto, el bloque radical que comanda Rodrigo de Loredo, los cuatro misioneros de Innovación Federal y varios representantes de gobernadores como los chubutenses Ana Clara Romero y Jorge Ávila, y la santafesina Melina Giorgi de Democracia para Siempre se abstuvieron.
Es preciso mencionar que, la actual norma estipula que los DNU sólo pueden ser rechazados con el voto mayoritario negativo de ambas Cámaras del Congreso, mientras que el proyecto de reforma aprobado este miércoles establece que sólo necesitaría la negativa de una sola Cámara para que el veto presidencial caiga en saco roto.
No obstante, en la votación en particular quedó rechazado el artículo 3 que plantea la reforma de la ley de los DNU, el cual establece un período de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie sobre el decreto presidencial desde su publicación en el Boletín oficial y, si el tema no fuera tratado, la medida quedará nula.
Por parte del oficialismo, Nicolás Mayoraz cuestionó el proyecto y consideró que la maniobra motorizada por la oposición “quiere desestabilizar al Gobierno y generar la mayor inseguridad jurídica que puedan”.
Por su parte, el legislador de la Coalición Cívica, Juan Manuel López y Marcela Campagnoli, acompañó la iniciativa en general al afirmar que “el Ejecutivo no puede emitir disposiciones legislativas y la pena es la nulidad absoluta e insanable”, tras lo cual puso la salvedad de no poner un plazo, al argumentar que no es algo exigible por parte de la Constitución Nacional.
Espert pidió licencia en Diputados hasta el final de su mandato
Tras renunciar a la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert pidió licencia hasta el 8 de diciembre como miembro de la Cámara baja en un contexto de creciente presión por parte de la oposición por su vinculación con el empresario Fred Machado, que enfrenta acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos.
“Solicitar licencia, por motivos particulares, desde el día de hoy hasta el 8 de diciembre del corriente año”, comunicó oficialmente Espert este miércoles al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La licencia, que no se sabe aún si será con o sin goce de sueldo, y se deberá votar en el recinto, tal como establece el reglamento del cuerpo.
En ese sentido, el mandato del economista como integrante de la Cámara baja vence el 9 de diciembre, por lo que prácticamente Espert no participaría de ninguna sesión en lo que queda del año. De hecho, Espert no concurrió este mediodía a la sesión que en la que la oposición busca limitar la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia.
La decisión de Espert, se produjo tras fuertes presiones internas, principalmente de sus aliados del PRO, quienes consideraron que su continuidad agravaba la crisis política en el oficialismo, por lo que indicaron que la mejor alternativa era una salida ordenada del legislador libertario, antes que la oposición ponga en discusión los proyectos para expulsarlo de Diputados.
