Diputados de la oposición presentaron este lunes una moción de censura dirigida al jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, por la promulgación sin efectiva aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, que ratificó la semana pasada el Congreso nacional.
Este lunes, a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) N° 685/2025, firmado por Francos y el ministro de Salud, Mario Lugones, la administración nacional promulgó la ley pero puso reparos en su aplicación hasta que “el Congreso determine de dónde saldrán los recursos para su implementación”.
“Comuníquese al H. Congreso de la Nación, en virtud de lo establecido por el artículo 5° de la Ley N° 24.629, con el fin de que incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución de la ley que por el presente acto se promulga”, establece el artículo 2 de la medida publicada en el Boletín Oficial.
En ese marco, legisladores de Encuentro Federal presentaron en las últimas horas un proyecto de resolución para interpelar a Francos, a los efectos de iniciar una moción de censura. El texto lleva las firmas de Oscar Agost Carreño, Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Mónica Fein.
Sin embargo, se espera que otros bloques de la oposición también presenten en mesa de entrada de la Cámara baja iniciativa en la misma sintonía, como la Coalición Cívica y la bancada kirchnerista. Cabe destacar que, no se necesitan dos tercios para destituir al jefe de Gabinete con una moción de censura.
Por ley, la moción de censura, incorporada en la reforma de 1994, consiste en dos etapas: la iniciativa y la de ejecución. La primera consiste en la aprobación de la interpelación; mientras que la segunda establece la remoción inmediata del funcionario, la cual no necesita de los dos tercios sino de una mayoría absoluta de ambas cámaras, 129 diputados y 37 en el Senado.
De esta manera, a través de la moción de censura, el Poder Legislativo tiene la facultad de exigirle responsabilidad política al Ejecutivo nacional. En el caso del sistema argentino, la moción de censura no implica responsabilidad política, sino solo sustitución.
“La Promulgación de la ley aludida, pero sin cumplir, sienta un peligroso antecedente puesto que, mediante una interpretación ilegal e inconstitucional, condiciona a un poder del Estado en su labor, a una tarea que compete al Poder Ejecutivo, que dicho sea de paso, gobierna sin presupuesto hace dos años”, señaló Agost Carreño, impulsor de la iniciativa.
En la misma sintonía, Paulón se apersonó en los tribunales de Comodoro Py para ampliar la denuncia contra el jefe de Estado libertario por incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad. “El decreto 681/25 es nulo de nulidad absoluta. Esto es inédito. Nunca un gobierno incumplió una ley tan abiertamente”, acusó el santafesino.
“El presidente tiene todas las herramientas para implementar la Emergencia porque se estipuló una ampliación y reasignación de partidas presupuestarias”, alegó el legislador nacional y agregó: “Esta maniobra siniestra contra los más vulnerables es un modus operandi del Gobierno nacional“.
