En las últimas horas, los diputados nacionales del Frente de Izquierda de Unión por la Patria convocaron a una audiencia pública en el Congreso, con el objetivo de abordar de manera conjunta la situación generada por el cierre de la fábrica de neumáticos FATE, una medida que el pasado miércoles 18 de febrero dejó sin empleo a más de 900 trabajadores del municipio bonaerense de San Fernando.
Según dejaron trascender, el encuentro se realizará este mismo viernes a las 16 horas en la Sala 1 del Anexo A del edificio de la Cámara de Diputados de la Nación, donde legisladores de la oposición, dirigentes sindicales y trabajadores en lucha de FATE buscarán visibilizar el conflicto laboral y manifestar respaldo a quienes resultaron afectados por el cierre de la planta, que según los propios operarios alcanzó a 920 empleados directos, y cientos de indirectos.
Es preciso mencionar que, la convocatoria fue impulsada por los diputados del Frente de Izquierda, Romina Del Plá y Néstor Pitrola, que promovieron la realización de una audiencia pública junto a la bancada opositora de Unión por la Patria y dirigentes gremiales vinculados al sector del neumático.
De acuerdo con la información difundida por los organizadores, la audiencia en Diputados se desarrollará con el objetivo de expresar solidaridad con los trabajadores de FATE que perdieron sus puestos de trabajo, y analizar alternativas frente al cierre de la compañía. Por eso, se espera la presencia de delegaciones obreras vinculadas al sector industrial del neumático y de dirigentes sindicales que brindarán testimonios sobre el impacto que tuvo la decisión empresarial en el empleo y en la estructura productiva del sector.
Entre los participantes confirmados para la audiencia pública de este viernes se encuentra el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, que asistirá acompañado por una delegación integrada por dirigentes seccionales, delegados y trabajadores tanto de FATE como de otras fábricas del rubro.
En tanto, los legisladores del Frente de Izquierda que impulsaron la convocatoria reiteraron su “apoyo incondicional a la lucha de los trabajadores por la defensa de todos los puestos de trabajo”, además de anticipar su respaldo a la iniciativa que fue votada por los trabajadores en asamblea que propone la ocupación temporaria de la planta por parte del Estado provincial.
Es que, la iniciativa plantea que el Poder Ejecutivo bonaerense, a cargo de Axel Kicillof, pueda tomar posesión de la planta de FATE durante un período inicial de un año, mediante una ocupación temporaria que abarcaría las instalaciones industriales, las maquinarias, las materias primas, los insumos y todos los bienes vinculados al proceso productivo, incluida la marca comercial. Durante ese lapso, la fábrica sería administrada bajo supervisión estatal con participación de los trabajadores en la gestión.
Es preciso señalar que, esa propuesta que llegó a la Legislatura bonaerense forma parte de las alternativas discutidas por los trabajadores tras el cierre de FATE, y será uno de los ejes del debate durante la audiencia pública convocada en la Cámara de Diputados, donde se espera que dirigentes políticos y sindicales expresen su posición sobre las posibles respuestas frente a la pérdida de más de 900 empleos en el sector del neumático.
El Gobierno prorrogó la conciliación obligatoria y sancionó a FATE
Esta misma semana, el Gobierno nacional resolvió sancionar a la empresa FATE por incumplir con el pago de salarios a sus trabajadores, en medio del conflicto laboral que mantiene con el SUTNA, al tiempo que dispuso una prórroga de cinco días a la conciliación obligatoria dictada la misma semana del cierre de la planta, con el objetivo de sostener las negociaciones entre las partes y evitar que la disputa se profundice.
La decisión que fue comunicada oficialmente por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que explicó que la sanción a FATE se originó en el incumplimiento por parte de la compañía del pago de los haberes correspondientes a la segunda quincena de febrero, situación que ocurrió mientras se encontraba vigente la conciliación obligatoria dictada para encauzar el conflicto.
En ese marco, el Gobierno nacional inició un sumario administrativo contra la empresa que pertenece a la familia Madanes Quintanilla, y anticipó que se aplicará una multa económica, ya que se considera que la falta de pago a los 920 operarios despedidos tras el cierre de la planta constituye una violación de las obligaciones laborales establecidas durante la instancia conciliatoria.
De acuerdo con lo previsto en el régimen general de sanciones por infracciones laborales, la penalidad económica puede ubicarse en un rango que va desde el 50% hasta el 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado por la irregularidad. Este esquema de sanciones busca desalentar el incumplimiento de las normas laborales y garantizar que las empresas respeten los derechos de los trabajadores, incluso durante los procesos de negociación impulsados por el Estado.
