El presidente de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, Juan Osaba, presentó un proyecto de ley para que los municipios no puedan cobrar por la emisión de certificados de deuda exigidos en operaciones inmobiliarias.
En ese sentido, la iniciativa del legislador libertariario busca establecer la gratuidad de los certificados municipales de deuda que se solicitan al momento de realizar transferencias o constituir derechos reales sobre inmuebles en la provincia de Buenos Aires.
“No se busca eliminar el control ni la percepción de las obligaciones tributarias municipales, sino procurar reducir los costos de escrituración, simplificar trámites y favorecer la regularización dominial, estableciendo un criterio uniforme”, puntualizó Osaba.
En detalle, el proyecto ingresado a la Cámara baja establece la modificación de la ley provincial 14.351 para impedir que los municipios cobren tasas, derechos, aranceles, sellados u otros conceptos por la solicitud, tramitación, emisión o entrega de dichas certificaciones.
En la actualidad, el certificado permite constatar las obligaciones que pesan sobre un inmueble antes de concretar determinadas operaciones. “El Estado te cobra para darte una información que ya tiene”, cuestionó Osaba.
El planteo del legislador apunta a eliminar un costo que el proyecto considera innecesario, puesto que afirmó que la administración municipal ya dispone de la información necesaria para determinar si un inmueble registra deudas y, además, la presentación del certificado es obligatoria para instrumentar determinadas operaciones.
De este modo, el proyecto, que además lleva la firma de once diputados de La Libertad Avanza, busca derogar las disposiciones municipales que establezcan el cobro de tasas, aranceles y sellados por el pago de derechos y contribuciones que graven los bienes inmobiliarios.
Por último, el texto parlamentario plantea que las municipalidades deberán adecuar sus ordenanzas fiscales, tarifarias, sistemas administrativos y plataformas digitales dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigencia de la norma.
