La diputada bonaerense, María Paula Bustos, presentó un proyecto que propone crear el Programa de Prevención, Reconocimiento y Actuación ante la Anafilaxia. La iniciativa, denominada “Ley André” que cuenta con el apoyo de los legisladores del PRO, Martín Endere y Rita Sallaberry, busca establecer una política pública provincial para mejorar la respuesta ante reacciones alérgicas graves y reducir los riesgos asociados a este tipo de emergencias sanitarias.
El proyecto establece que el programa tendrá como objetivo principal fortalecer la prevención, el diagnóstico temprano y la actuación inmediata frente a cuadros de anafilaxia en todo el territorio bonaerense. Los autores de la iniciativa plantean que esta política pública deberá incluir capacitación institucional, difusión de información, protocolos obligatorios y disponibilidad de medicación en los centros de salud.
En primera instancia, la propuesta legislativa define a la anafilaxia como una reacción alérgica severa, inesperada y de evolución rápida que puede provocar la muerte si no se actúa con rapidez. En ese sentido, los diputados “amarillos” remarcan que la respuesta temprana resulta determinante para evitar complicaciones graves y subrayan que la administración inmediata de adrenalina constituye el tratamiento de primera línea para revertir este tipo de cuadros.
En tanto, el programa previsto en el proyecto contempla varios objetivos específicos orientados a mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y las instituciones donde se desarrollan actividades cotidianas. Entre ellos, la iniciativa opositora plantea garantizar el reconocimiento temprano de síntomas de anafilaxia, establecer un protocolo provincial de actuación y promover capacitaciones periódicas para el personal de los establecimientos alcanzados.
Sobre este punto, el articulado establece que el programa deberá aplicarse en distintos ámbitos institucionales donde la detección temprana y la respuesta rápida pueden resultar determinantes, como establecimientos educativos, clubes deportivos, asociaciones culturales, colonias de vacaciones y asociaciones civiles que desarrollen actividades con menores.
En lo que cabe al sistema educativo, las instituciones de gestión pública y privada deberán garantizar capacitaciones específicas para su personal directivo, docente y nodocente. La formación incluirá contenidos sobre reconocimiento clínico de la anafilaxia, uso de dispositivos de adrenalina y activación de protocolos de emergencia.
Asimismo, el proyecto extiende la premisa de impulsar campañas de información y concientización, dirigidas a la comunidad para difundir conocimientos sobre la reacción y la importancia de actuar con rapidez ante una emergencia. La iniciativa se fundamenta en una serie de encuestas relevadas por los propios impulsores de la ley, cuyos resultados señalan un alto nivel de desconocimiento sobre el tema.
Vale precisar que el proyecto de ley encuentra parte de su fundamento en un caso ocurrido en la ciudad de Pergamino durante diciembre de 2025, cuando un niño de seis años llamado André sufrió una reacción anafiláctica grave. Durante el momento crítico, los médicos administraron adrenalina para revertir el cuadro y el menor permaneció intubado mientras los profesionales intentaban estabilizar su estado de salud.
Tres días después, el menor fue derivado a un centro respiratorio infantil de la ciudad de Rosario, donde especialistas confirmaron que el cuadro correspondía a un shock anafiláctico. El episodio evidenció la gravedad de este tipo de reacciones y la importancia de contar con diagnósticos rápidos y tratamientos inmediatos.
A partir de su experiencia personal, la madre del niño, Gisela Raimundo, comenzó a impulsar una serie de acciones de concientización sobre la problemática. La mujer, que trabaja como terapeuta ocupacional, también decidió visibilizar la necesidad de que los entornos cotidianos donde se desarrollan niños y adultos cuenten con protocolos claros para actuar ante emergencias alérgicas graves.
Según definieron los referentes del PRO, la autoridad de aplicación de la ley quedaría a cargo de un organismo que designará el gobierno de Axel Kicillof. El ente deberá elaborar y aprobar un Protocolo Provincial de Actuación ante Anafilaxia, de cumplimiento obligatorio para las instituciones alcanzadas por la normativa.
Según el texto legislativo, el protocolo deberá incluir pautas mínimas para la identificación de síntomas, la activación inmediata del sistema de emergencias médicas y la administración de adrenalina como medicación de primera línea, además de medidas de acompañamiento hasta la llegada de asistencia profesional.
Finalmente, la iniciativa también invita a los municipios bonaerenses a adherir a la normativa y a desarrollar programas complementarios de prevención y capacitación en sus respectivos distritos. En caso de aprobarse la ley, el Ejecutivo contará con un plazo de 180 días para reglamentar su implementación y asignar las partidas presupuestarias necesarias para garantizar su funcionamiento.
