En medio de la puja de la Suprema Corte de Justicia por su proyecto de autarquía judicial, desde el kicillofismo apuran una reunión en las comisiones de la Cámara de Diputados con representantes del máximo tribunal para debatir un conjunto de iniciativas orientadas a agilizar los procesos jurídicos y dotarle más confianza a la Justicia.
La semana pasada, en la comisión de Legislación General, la titular del cuerpo, Lucía Iañez, expresó el deseo del oficialismo de recibir en el ámbito legislativo a la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de la Suprema Corte para dialogar acerca de las numerosas propuestas ingresadas en el último año que buscan modificar códigos y leyes procedimentales, entre otras cosas.
“Hay muchos proyectos que tienen que ver con modificación de códigos o leyes procedimentales, con la integración de nuevos procesos, con la creación de juzgados u órganos jurisdiccionales. En este momento será con la Corte, a posterior les tocará a otros organismos. Así podremos ordenar esas iniciativas y lograr los consensos necesarios para aprobarlos”, dispuso Iañez en diálogo con Diputados Bonaerenses.
La intención del Gobierno provincial de Axel Kicillof de motorizar acuerdos con la Suprema Corte llega en un momento en el que el organismo que por estas horas preside Daniel Soria presiona para que se resuelvan sus reclamos, que van desde llenar sus casilleros faltantes hasta modificar los plazos electorales para las elecciones del año que viene.
En efecto, el propio máximo tribunal de la provincia tiene sillas sin dueño: de 7 miembros dictados por la ley, la Suprema Corte solo tiene 3. Esto sucedió dado que nunca se cubrieron los vacíos que dejaron Héctor Negri, que falleció en 2020, Eduardo de Lázzari y Eduardo Pettigani, que se jubilaron en 2021, y Luis Genoud, que también abandonó el cargo en 2024. Desde el Gobierno bonaerense, anticiparon que quieren que las designaciones se resuelvan antes de fin de año.
Frente a ese escenario, en abril la Suprema Corte presentó un proyecto destinado a fortalecer el Poder Judicial, consagrar la autarquía financiera y fomentar la cobertura de las vacantes judiciales existentes tanto en el máximo tribunal como en diversos juzgados. La propuesta ya fue entregada a los titulares de ambas Cámaras, Alejandro Dichiara (Diputados) y Verónica Magario (Senado), pero aún no registró avances legislativos
De hecho, a partir del ingreso de esa propuesta, la Secretaría Parlamentaria de la Suprema Corte comenzó a rondar los despachos de diputados y senadores de todos los colores políticos para sondear posiciones. En este contexto, Iañez argumentó que, si bien el proyecto de autarquía judicial no pasa por su comisión, es necesaria una reunión enmarcada en el cuerpo que preside para escuchar las posiciones del máximo tribunal. “La idea es poder concretarla a mediados de agosto”, adelantó.
El punto clave del encuentro serán las normativas presentadas por diputados para agilizar procesos judiciales a partir de la modificación de artículos de códigos procesales, que básicamente determinan de qué manera funciona un expediente que ingresa al Poder Judicial. Según la legisladora de La Plata, la idea de estos proyectos es garantizar el acceso a la justicia, como así también promover la confianza a uno de los Poderes que menos credulidad recibe de la sociedad.
“Hay muchas modificaciones que tienen que ver con hacer más rápido los procesos. Por ejemplo, hoy en el fuero civil todo es escrito, pero en muchos lugares, incluso en La Plata, hay algunos juzgados que utilizan la oralidad. Eso agiliza el proceso. Hay que conversar cómo hacer más rápidos los procesos judiciales para la gente, para que el acceso a la justicia sea más rápido y más efectivo”, precisó la legisladora de la Octava sección electoral.
Asimismo, Iañez hizo énfasis en las dificultades judiciales del fuero judicial al mencionar los proyectos de ley que buscan esclarecer los términos de denuncias penales, es decir, cómo y cuándo sucederán las declaraciones de las víctimas, o el procedimiento de imputación y/o excarcelación, entre otros puntos.
“Es poder adecuar la normativa, actualizarla y ayornarla a las demandas de la sociedad, de la Justicia, de los particulares damnificados. Es lograr un acceso a la justicia más efectivo, que la gente pueda garantizar sus derechos de manera más rápida, que puedan confiar en la Justicia. Las personas tienen que confiar en los tres poderes para que el Estado realmente funcione”, cerró Iañez.
La invitación de la diputada kicillofista a la Suprema Corte de Justicia llega días después de que la comisión permanente del Mapa Judicial haya retomado su agenda de reuniones. El organismo, creado en 2018, es conformado por un miembro del máximo tribunal, de Procuración General, del Ministerio de Justicia y de Economía, del Colegio de Abogados y por seis legisladores, tres opositores y tres oficialistas.
En su último mitin, la comisión del Mapa Judicial debatió acerca de si era necesario crear nuevos departamentos judiciales o simplemente dotar de más estructura a los ya existentes, dadas las dificultades para designar defensores y fiscales. No obstante, el plato fuerte pasó por la presión desde la Suprema Corte para que avance la iniciativa de autarquía y dejaron entrever un pedido para que la Justicia sea capaz de ingresar proyectos a la Legislatura, ya que actualmente es el único de los tres Poderes que no tiene esa facultad.
Diputados: de qué trata el proyecto de autarquía presentado por la Suprema Corte
Como principal novedad, el proyecto establece que la Corte bonaerense tendrá la potestad de elaborar el proyecto de presupuesto del Poder Judicial, el cual comprenderá el cálculo de erogaciones y recursos correspondientes a las áreas de las jurisdicciones Administración de Justicia y del Ministerio Público. Asimismo, dispone la creación de cuentas fiscales específicas en el Banco Provincia para ambas jurisdicciones.
De acuerdo al proyecto, el presupuesto del Poder Judicial de la provincia se destinará el 65% a la jurisdicción Administración de Justicia y el 35% a la jurisdicción Ministerio Público (desempeñado por el procurador y subprocurador General de la Suprema Corte), distribución que será revisada anualmente. En tanto, la Corte bonaerense tendrá a su cargo la adminsitración de la infraestructura edílica.
En ese marco, el articulado propone la creación de un Comité integrado por autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, “con el objeto de diseñar un Plan de Armonización Financiera”, destinado a establecer los instrumentos que permitan garantizar la transparencia y automaticidad de las transferencias necesarias.
Además, el artículo 9° del proyecto de ley pretende que la Suprema Corte sea la que dicte las normas estatutarias, como así también aprobar el escalofón y toda otra norma reguladora de las categorías y subcategorías, funciones de magistrados y agentes del Poder Judicial. “Tendrá la competencia privativa para regular los rubros que integran sus remuneraciones”, indica el texto.
En el ámbito de la Legislatura bonaerense, el texto crea la comisión Bicameral de seguimiento de la implementación del régimen legal de autarquía financiera, la cual estará integrada por seis diputados y seis senadores. De este modo, podrá requerir los informes que considere pertinente a la Suprema Corte, al Ministerio Público y al Ejecutivo, efectuar propuestas y recomendaciones para el mejor cumplimiento de la ley.
En pos de la autarquía judicial, la Suprema Corte bonaerense quiere fijar como recurso nuevo la participación en el beneficio o utilidad derivados de los depositos judiciales, propiciando la reforma del artículo 6 de la Ley Orgánica del Banco Provincia. De esta manera, la banca pública “recibirá los depósitos judiciales de acuerdo a lo que dispongan los jueces, a los que se le aplicarán las tasas vigentes en plaza para las operaciones financieras de la índole de la ordenada”.
