Por Rodrigo Basterrechea (*)
Con la premisa de cumplir con el pedido de la presidencia de la Cámara de Diputados bonaerense, a cargo de Alejandro Dichiara, de sesionar todos los meses al menos en una oportunidad, el oficialismo apura dos proyectos de alto impacto para llevarlos al recinto el próximo miércoles 17 de abril desde 11 horas.
Si bien ambas iniciativas fueron cuestionadas por el interbloque de Juntos por el Cambio, recibieron despacho de mayoría durante su paso por las comisiones permanentes gracias al voto útil del bloque de los libertarios dialoguistas que lideran, Gustavo Cuervo y Constanza Moragues.
Se trata del proyecto de la diputada mandato cumplido del Movimiento Evita, Patricia Cubría, que propone declarar la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas y otro de la legisladora camporista, Maite Alvado, que equipara la tasa de interés que se aplica a las indemnizaciones laborales para que no pierdan frente a la inflación.
El primero de ellos, que contempla la emergencia para las cooperativas, fue sancionado en abril del 2022 por el plazo de dos años y ahora desde el bloque de Unión por la Patria buscarán extenderlo. “Resulta pertinente destacar que estas entidades carecen de fin de lucro, sostienen fuentes de trabajo, desarrollan actividades sociales y evitan los costos sociales y económicos del crecimiento en los índices de desempleo y la pobreza“, resalta el texto.
La iniciativa, que establece la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas por el plazo de cinco años, obtuvo el visto bueno de la comisión de Servicio Públicos el 4 de abril y se espera que esta semana sea avalada durante una reunión conjunta de Legislación General y Asuntos Constitucionales y Acuerdos.
En rasgos generales, la emergencia económica, financiera y tarifaria para las empresas recuperadas dispone la asistencia para las cooperativas que se vieron afectadas por las crisis económicas, otorga facilidades financieras, y suspende la ejecución de sentencia de desalojos y los cortes de servicios públicos.
Durante su tratamiento en la comisión de Servicio Públicos, los diputados del PRO, la UCR y La Libertad Avanza firmaron un dictamen de minoría con modificaciones. Los distintos sectores de la oposición pidieron que sólo puedan acceder a los beneficios quienes se encuentren inscriptos en el Registro Público Provincial de Cooperativas y que la norma sea extensiva sólo por un año y no por cinco como indica el articulado original.
Sin embargo, todo parece indicar que los diputados del oficialismo y a la oposición llegarán a un punto intermedio en la negociación para que el proyecto emergencia económica, financiera y tarifaria para las empresas recuperadas vea la luz verde el próximo miércoles.
Distinto parece el escenario para el otro proyecto que quiere llevar el oficialismo recinto. Fuentes de La Cámpora confiaron a este medio que intentarán forzar el tratamiento del proyecto de la diputada Alvado, que equipara la tasa de interés que se aplica a las indemnizaciones laborales en la provincia de Buenos Aires.
Vale mencionar que, el proyecto de reajuste de las indemnizaciones laborales vendría a equiparar las condiciones que rigen en la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, se garantizaría el crédito laboral de los trabajadores actualizado cuando son despedidos para que producto de la inflación no se licue el monto.
La propuesta de Alvado, que tuvo un tratamiento exprés en la comisión de Legislación General esta semana, recibió modificaciones para esquivar un fallo judicial que bloqueaba el mecanismo de actualización de las indemnizaciones laborales. Pese a los cambios, el proyecto sólo contó con el acompañamiento de los libertarios dialoguistas.
Es que, el proyecto inicial que venía con un despacho de mayoría de mayo del año proponía que la “tasa de interés aplicable sea la tasa activa efectiva anual vencida, cartera general diversa del Banco Nación, con capitalización anual desde la fecha de notificación del traslado de la demanda”.
En tanto, para poder avanzar con el proyecto el oficialismo adaptó el articulado para reemplazar la tasa activa, con la que actualmente se calculan los intereses de las indemnizaciones laborales, por la tasa Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
“Lo que se solicitó fue que no tuvimos el tiempo suficiente para que se pueda analizar teniendo en cuenta que este proyecto ya se había tratado con anterioridad, y que ya contaba con un dictamen de rechazo de Dominichini. Entiendo que quizás tampoco terminábamos llegando a un acuerdo, pero por lo menos tendrían haber dado el debate en la comisión”, confió el diputado del PRO, Martín Endere, a este medio.
En la misma sintonía, la diputada y presidenta de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin, remarcó que el proyecto “no tuvo el tratamiento adecuado”. “No entendemos la urgencia del oficialismo, porque los trabajadores también tuvieron durante los últimos cuatro años juicios laborales y vieron afectados sus derechos”, chicaneó.
Desde el interbloque de Juntos por el Cambio, ya hicieron saber durante el año pasado que la modificación de la ley de procedimiento laboral resultaría “improcedente” porque incurriría en una “cuestión de derecho común cuya regulación es competencia exclusiva del Congreso de la Nación”. Además, de que terminaría perjudicando al sector productivo.
De acuerdo a lo que pudo reconstruir Diputados Bonaerenses, la iniciativa volverá a ser sometida a votación en la comisión de Asuntos Constitucionales e Impuestos (ACA) que también cuenta con mayoría del oficialismo. Un escenario que habilitaría el debate en el recinto sin contar con el visto bueno del ala opositora. Aunque para su aprobación en la sesión del próximo miércoles deberán activar la rosca con la tropa amarilla.
(*) El autor es co-director del diario digital Diputados Bonaerenses.
