El Gobierno de Javier Milei evalúa convocar a sesiones extraordinarias en febrero, mientras que la oposición acelera una estrategia común para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, que reformó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y amplió sus facultades.
Durante los primeros días del año, pese al receso parlamentario, los contactos entre referentes opositores se intensificaron con el objetivo concreto de reunir los votos necesarios para voltear el decreto firmado el 31 de diciembre y publicado el 2 de enero. La norma genera cuestionamientos tanto por su contenido como por el mecanismo elegido para su implementación.
De acuerdo con los plazos legales, el próximo viernes 16 de enero vence el período de diez días hábiles para que el Poder Ejecutivo remita el DNU al Congreso. Luego, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tendrá tiempo hasta el 30 de enero para emitir dictamen. A partir de ese momento, ambas Cámaras quedarían habilitadas para tratarlo en el recinto.
Ese cronograma coloca al oficialismo frente ante la disyuntiva política de convocar a sesiones extraordinarias, lo que implicaría exponer el decreto a una votación potencialmente adversa, como ocurrió en 2024 cuando el Congreso rechazó la ampliación de los fondos reservados de la SIDE. Sin embargo, postergar el llamado retrasaría la agenda legislativa del Gobierno, incluida la discusión de la reforma laboral.
“El 30 de diciembre terminaron las extraordinarias y el DNU se firmó al día siguiente. Si ahora llaman a sesionar y no incluyen el decreto en el temario, se cae el argumento de la urgencia”, explicó un diputado opositor involucrado en las negociaciones interbloque.
En la Cámara de Diputados, la oposición asegura contar con al menos 121 votos para rechazar la norma. “Ese número surge del bloque del peronismo, más 22 de Unidos, los cuatro de la izquierda, dos de la Coalición Cívica, Natalia De la Sota y Jorge Fernández. Estamos muy cerca del número sin salir a buscar votos en la UCR, el PRO o los bloques provinciales”, detalló una alta fuente del peronismo.
El cuestionamiento al decreto no se limita al plano parlamentario, dado que en las últimas semanas los diputados nacionales, Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón presentaron una acción de amparo para suspender sus efectos, en el que solicitaron su inconstitucionalidad y la nulidad absoluta de la norma.
Desde la oposición sostienen que el DNU aborda materias que no revisten urgencia y que, por su sensibilidad institucional, deberían debatirse en el Congreso. Además, algunos bloques especulan con que sectores del PRO podrían acompañar el rechazo como respuesta política a acuerdos previos entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo, que los dejaron afuera de la Auditoría General de la Nación.
En ese marco, el Gobierno reunirá a su mesa política el 16 de enero para realizar un primer poroteo de votos y definir si avanza o no con la convocatoria a extraordinarias. La decisión es clave: abrir el Congreso podría acelerar una derrota parlamentaria que el oficialismo busca evitar.
Una senadora bonaerense rechazó el DNU de la SIDE
La senadora bonaerense de Unión por la Patria, Mónica Macha, presentó un proyecto de repudio contra el DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional y amplía las facultades de la SIDE. La legisladora advirtió que la norma representa una regresión en materia de derechos humanos, transparencia democrática y control civil, y que pone en riesgo el Estado de Derecho.
Según Macha, el decreto habilita prácticas como el espionaje interno y detenciones sin orden judicial, además de otorgar mayor centralización y poder a los organismos de inteligencia. Entre los cambios, se redefine la Agencia de Seguridad Nacional como Agencia Nacional de Contrainteligencia, se amplía el concepto de contrainteligencia a todo el sector público y se autoriza el apoyo de las Fuerzas Armadas y de seguridad en tareas de inteligencia.
El DNU también reorganiza la inteligencia militar, disolviendo la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y transfiriendo sus funciones al Estado Mayor Conjunto. Frente a este escenario, Macha exhortó al Congreso a ejercer el control previsto por la ley, garantizar el respeto a la Constitución y asegurar que las políticas de inteligencia se ajusten a criterios de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad democrática.
