La senadora bonaerense de Unión por la Patria, Mónica Macha, presentó en las últimas horas un proyecto de repudio contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que reforma la Ley de Inteligencia Nacional, y modifica de manera sustancial el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
“(Javier) Milei, por decreto, pone en jaque la democracia y el Estado de Derecho, a través de la SIDE y con un DNU, avanza en la legalización de un dispositivo de persecución política: espionaje interno y detenciones sin orden judicial, involucrando a las Fuerzas Armadas y de inteligencia”, señaló en sus redes sociales la legisladora.
En esa línea, Macha presentó un proyecto de repudio donde señaló que el DNU que amplía las facultades de la SIDE implica una regresión en materia de derechos humanos, transparencia democrática y contralor sobre las actividades de los organismos de inteligencia, contrariando principios constitucionales que rigen en el Estado republicano.
Es que, la norma dispone, entre otros puntos, que la Agencia de Seguridad Nacional, que pasará a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia, redefina sus funciones para orientarlas a la identificación y análisis preventivo de amenazas, al mismo tiempo que habilita que todas las actividades revistan carácter encubierto por su “sensibilidad estratégica”.
Además, el decreto amplía el concepto de contrainteligencia, incluyendo medidas pasivas obligatorias en todo el sector público. Así, los cambios dotan de mayor centralización a la SIDE que coordina en las sombras el asesor presidencial, Santiago Caputo, y que concentrará además la aprobación y control de los presupuestos de inteligencia como también la supervisión de gastos reservados.
A su vez, la norma establece el ordenamiento de la inteligencia militar. El DNU dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, y transfiere sus funciones y recursos a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de eliminar una superposición histórica y mejorar la eficiencia del sistema.
En paralelo, el DNU habilita además de manera expresa a los organismos de inteligencia a solicitar apoyo técnico o logístico de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad federales y policías, bajo autorización del Secretario de Inteligencia, y establece que todas las actividades de inteligencia revisten carácter encubierto por su sensibilidad estratégica.
En ese marco, la senadora bonaerense advirtió que “la historia institucional argentina demuestra los peligros de un aparto de inteligencia sin limites ni controles efectivos“. “El fortalecimiento democrático exige mantener una estricta separación entre inteligencia, seguridad interior y defensa nacional, con plena sujeción a los principios de legalidad, proporcionalidad y control civil”, amplió.
“Por todo lo expuesto, este Senado manifiesta su preocupación y exhorta al Congreso a ejercer el control previsto en la Ley n° 26.122, garantizando el respeto irrestricto a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos”, indicó Macha y cerró: “La defensa de las libertades públicas y del Estado de Derecho requiere que las políticas de inteligencia se ajusten a los más altos estándares de transparencia, legalidad y responsabilidad democrática”.
