Esta mañana, las dos aristas de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores, se reunieron para confirmar la movilización del próximo jueves 7 de agosto, en conjunto con sindicatos agrupados en la Confederación General del Trabajo (CGT), bajo la consigna unificada “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, en repudio a las políticas del Gobierno nacional que consideran lesivas para los sectores populares.
El encuentro tuvo lugar este mismo jueves con la participación de dirigentes sindicales y referentes de los movimientos sociales que integran el Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo, donde acordaron concentrarse el jueves a las 8 de la mañana en la iglesia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, desde donde partirán en movilización hacia Plaza de Mayo en una nueva jornada de protesta federal.
Pese a la presencia de sindicatos pertenecientes a la CGT, los principales miembros del triunvirato que conduce esa central obrera, Héctor Daer, Carlos Acuña y Octavio Argüello, no formaron parte del encuentro. Según indicaron desde las dos CTA, su ausencia se debió a que “no fueron invitados” formalmente a la instancia de coordinación de la marcha.
Entre los principales oradores estuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Nacional), quien advirtió sobre los efectos de las políticas del Ejecutivo: “Hay que frenar la destrucción de los puestos de trabajo”, sostuvo, al tiempo que apuntó contra las cesantías y suspensiones que se acumulan tanto en el sector público como en el privado en los últimos meses.
En ese sentido, Aguiar también cuestionó el avance del Gobierno nacional a través de los decretos, y enfatizó que los sindicados no pueden permitir que “se ejecuten normas dictadas bajo facultades extraordinarias”. “Es evidente que se busca poner al Estado al servicio de los grandes grupos económicos que vienen por nuestros recursos naturales”, manifestó.
En el encuentro convocado por las dos CTA, los sindicatos expresaron preocupación por el deterioro del salario real, el incremento de la pobreza y la pérdida de derechos laborales. En ese marco, la movilización del 7 de agosto busca visibilizar las demandas del movimiento obrero organizado y de los sectores excluidos, en un contexto de creciente tensión social.
Según el debate de esta mañana, la movilización del próximo jueves también servirá como plataforma para expresar el rechazo a las reformas impulsadas por el oficialismo, especialmente en materia laboral y previsional, que las centrales gremiales consideran que vulneran derechos adquiridos y precarizan las condiciones de empleo. “Nos movilizamos contra el hambre y el saqueo”, resumieron las CTA.
Finalmente, las organizaciones convocantes reafirmaron que esta no será una medida aislada sino parte de un plan de acción en defensa del trabajo digno, los salarios y los derechos sociales, e hicieron un llamado a confluir con otras expresiones del campo popular en acciones futuras. “Vamos a volver a llenar las calles porque no hay otra manera de frenar este ajuste sin límite”, afirmaron en el documento final.
Las dos CTA anunciaron un plan de lucha con 10 medidas urgentes
En paralelo a la convocatoria a la movilización, las dos CTA y los sindicatos de la CGT acordaron un programa de 10 medidas para enfrentar lo que denominan “la emergencia social y laboral” que atraviesa el país. El plan fue presentado como una hoja de ruta para los próximos meses.
Entre las propuestas se destacan la inmediata derogación del DNU 70/2023 y de la Ley Bases, una recomposición urgente de salarios, jubilaciones y programas sociales, y el cese de despidos en el Estado. También reclaman la reincorporación de trabajadores cesanteados y el freno a las suspensiones en el sector privado.
Otro punto central es la implementación de un salario universal para trabajadores informales y desocupados, así como la aplicación efectiva de políticas contra la inflación que deteriora el poder adquisitivo. En materia económica, las dos CTA exigieron un freno al desmantelamiento del sistema público de salud y educación.
Finalmente, las organizaciones pidieron la apertura de una mesa nacional de diálogo social con participación de sindicatos, organizaciones sociales y el Gobierno, y advirtieron que si “no hay respuestas concretas a estas demandas”, profundizarán las acciones de lucha en todo el país durante agosto y septiembre.
