El Poder Ejecutivo Nacional envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone modificaciones a las normas vigentes sobre Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Con el fin de adecuarlas a los estándares internacionales, la iniciativa señala que “los ilícitos mencionados son complejos y afectan la integridad del sistema económico-financiero, tanto nacional como internacional y evolucionan constantemente, no solo en sus formas de comisión, sino también por los medios utilizados a tal fin y los actores que en ellos participan”.
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo prevé la creación de un registro centralizado que contenga “información adecuada, y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas”, cuya autoridad de aplicación será la AFIP.
Asimismo, el Poder Ejecutivo indicó en los fundamentos del proyecto que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se encarga de elaborar Recomendaciones para los países y de evaluar el cumplimiento técnico de dichos estándares internacionales, “y la última revisión sustancial en nuestro país fue aprobada en febrero de 2012”.
“En esa ocasión se integraron las nueve Recomendaciones Especiales para enfrentar el financiamiento del terrorismo a las 40 Recomendaciones del GAFI, y se introdujeron nuevas medidas para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
El proyecto de ley también pone de relieve que el carácter complejo de los ilícitos, y las nuevas formas de operar financieramente “transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la Unidad de Información Financiera herramientas adecuadas para prevenir e impedir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.
“La reforma que se propone tiene por finalidad saldar las ambigüedades, falencias y omisiones que presenta la legislación actual, a través de la transformación del recupero de activos de origen ilícito, en una fuente de financiación de las actividades del Estado en pos del interés público”, remarca el proyecto de ley.
