El titular del PRO bonaerense, Cristián Ritondo, este viernes se plegó a las críticas que realizaron legisladores provinciales de La Libertad Avanza (LLA) contra el gobernador Axel Kicillof por la inseguridad que azota a la provincia de Buenos Aires, y condenó a la jueza que suspendió la Reforma Penal Juvenil en la provincia.
“Hay un gobernador que a la inseguridad la mira para otro lado. La situación no da para más, no son hechos aislados, muestra lo que les pasa todos los días a los bonaerenses”, expresó Ritondo en relación a los últimos episodios violentos registrados en el Conurbano.
En ese sentido, el jefe de la bancada de diputados nacionales de la escudería amarilla arremetió contra Kicillof, a quien acusó de estar más concentrado en la interna peronista y recorrer el país promulgando su candidatura presidencial, que en gobernar la provincia.
Al respecto, Ritondo señaló: “Lleva 7 años gobernando la provincia, a esta altura no puede seguir explicando la inseguridad por lo que hicieron otros, la seguridad requiere decisión, inversión, conducción en la policía, presencia permanente en la calle”.
Las declaraciones se dan en un momento caliente de la discusión bonaerense, luego de que senadores libertarios solicitarán la presencia del ministro de Seguridad, Javier Alonso, en el recinto de la Cámara alta, con la intención de que explique las políticas para frenar la inseguridad, tras el violento crimen a un joven de 23 años en la localidad de José C. Paz.
Para los senadores bonaerenses, la gravedad del hecho no puede ser reducida a una mera estadística policial, detrás de cada delito existe una persona, una familia y un proyecto de vida que queda truncado.
“Por ello, acompañamos el reclamo de justicia de los familiares y vecinos de José C. Paz y exigimos respuestas concretas de quienes tienen responsabilidades institucionales en materia de seguridad”, expresó el senador bonaerense Luciano Olivera en los fundamentos del texto.
De acuerdo a lo que comentaron desde LLA, el pedido llega luego de una seguidilla de episodios violentos ocurridos en el Conurbano y la reciente suspensión por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil. Sin embargo, el crimen ocurrido esta semana en José C. Paz fue el detonante para que el texto sea ingresado en el Senado.
Según recupera la presentación de Olivera, el pasado 7 de septiembre, David Elías Ojeda Vázquez volvía a su casa en moto tras salir del gimnasio cuando fue abordado por dos delincuentes que le dispararon en la espalda para robarle su transporte.
Frente a la gravedad del episodio, el dirigente provincial recogió la problemática del crecimiento delictivo que atraviesa a distintas comunas del territorio bonaerense y llamó a rediscutir las partidas destinadas a seguridad.
Ritondo se plegó a las críticas contra la Justicia bonaerense por la suspensión del régimen penal juvenil
Ante este escenario, Ritondo expidió críticas también para la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, quien dispuso la suspensión del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires por 60 días.
“Es una ley que tuvo años de debate en el Congreso, no puede decidir una jueza libremente cómo se aplica una ley que fue sancionada por el Congreso de la Nación”, enfatizó Ritondo y destacó que legisladores bonaerenses tanto del PRO como de la bancada violeta avanzarán con un pedido de juicio político contra la magistrada.
La jueza Marta Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, dio curso a la acción de habeas corpus presentado el 31 de agosto pasado por Gabriela Salicio, representante de una de las organizaciones agrupadas en la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo.
En su fallo, la jueza resolvió suspender preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley Penal Juvenil, la normativa promulgada este año que amplió el universo de adolescentes alcanzados por el sistema de responsabilidad penal, al considerar que el actual sistema bonaerense de privación de la libertad no cuenta con las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para afrontar el eventual incremento de detenidos.
“Hacinar menores, tarde o temprano, incrementa los niveles de inseguridad y violencia. Como operadora del sistema penal juvenil, asumo la responsabilidad que me compete no solo en la afectación de las garantías de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también en preservar los intereses de la comunidad a la que deben regresar los jóvenes”, argumentó la magistrada.
