El violento crimen del joven David Elías Ojeda Vázquez, ocurrido este lunes en el partido de José C. Paz, tuvo rápida repercusión en la Legislatura bonaerense con la avanzada del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), quienes presentaron un proyecto para exigir la presencia del ministro de Seguridad, Javier Alonso, con la intención de que explique las políticas para frenar la inseguridad.
En las últimas horas, el senador Luciano Olivera presentó un proyecto en el que plasmó su preocupación por el avance del delito en el Conurbano bonaerense y la necesidad de que tanto el gobierno de Axel Kicillof como el Municipio de José C. Paz, que encabeza de manera interina la peronista Lorena Espina, asuman su responsabilidad en materia de prevención y adopten medidas concretas.
“La gravedad del hecho no puede ser reducida a una mera estadística policial. Detrás de cada delito existe una persona, una familia y un proyecto de vida que queda truncado. Por ello, acompañamos el reclamo de justicia de los familiares y vecinos de José C. Paz y exigimos respuestas concretas de quienes tienen responsabilidades institucionales en materia de seguridad”, expresó el referente de LLA en los fundamentos de una de sus iniciativas.
Bajo esa misma premisa, el proyecto profundiza su ofensiva hacia el Estado provincial e interpela al Ministerio de Seguridad, que conduce Alonso, para conocer las políticas específicas de prevención contra el robo y determinar si la cartera bonaerense recibió requerimientos formales del Municipio de José C. Paz para reforzar la presencia policial luego del homicidio.
De esta forma, Alonso se suma a la lista de funcionarios del gobierno de Kicillof que quisieron ser interpelados por orden de la oposición, una nómina de la que también forman parte el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el titular del IOMA, Homero Giles. Como ya informó este medio, a pesar de que está vigente en el Reglamento Interno de la Legislatura, la interpelación es una herramienta en desuso ya que hace más de 20 años que el parlamento no recibe formalmente a un representante del Ejecutivo.
De acuerdo a lo que comentaron desde LLA, el pedido llega luego de una seguidilla de episodios violentos ocurridos en el Conurbano y la reciente suspensión por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil. Sin embargo, el crimen ocurrido esta semana en José C. Paz fue el detonante para que el texto sea ingresado en el Senado.
Según recupera la presentación de Olivera, el pasado 7 de septiembre, Ojeda Vázquez, de tan solo 23 años, volvía a su casa en moto tras salir del gimnasio cuando fue abordado por dos delincuentes que circulaban en otro vehículo y que estaban vestidos como repartidores, quienes le dispararon en la espalda para robarle su transporte. Las cámaras de seguridad de los vecinos captaron la secuencia, mientras familiares y allegados sostienen el reclamo por justicia ante la fuga de los responsables.
Frente a la gravedad del episodio, el dirigente provincial recogió la problemática del crecimiento delictivo que atraviesa a distintas comunas del territorio bonaerense y llamó a rediscutir las partidas destinadas a seguridad.
La información oficial consignada en la documentación pública de la gestión de José C. Paz indica que durante el primer semestre de 2026 el distrito peronista registró una ejecución superior a los $4.359 millones en el programa de Promoción de la Seguridad y Prevención del Delito, sobre un presupuesto anual previsto de $9.643 millones.
A su vez, el mismo informe fijó como metas para el primer semestre la realización de 315 operativos de seguridad y 35 campañas de prevención urbana, aunque la ejecución informada para ambos objetivos figura en cero.
El planteo libertario también alcanzó al Gobierno provincial, ya que el Presupuesto bonaerense para 2026 contempla más de $3 billones para el Ministerio de Seguridad, a los que se suman los distintos mecanismos de asistencia y fortalecimiento destinados a los municipios.
Ante este escenario, el legislador de la Primera sección planteó que, si existen recursos destinados a seguridad, resulta necesario conocer qué resultados concretos reciben los vecinos. Sobre este punto, Olivera sostuvo que la discusión no puede limitarse a cuánto dinero se asigna, sino que también debe contemplar cuánto se ejecuta, cómo se utiliza, qué objetivos se alcanzan y qué impacto tiene ese gasto en la prevención del delito.
“Resulta inadmisible que frente a cada hecho de inseguridad tanto la Provincia como los municipios se limiten a señalarse mutuamente como responsables. Los bonaerenses no necesitan funcionarios discutiendo quién tiene la culpa, necesitan saber quién se hace cargo, qué medidas se están implementando y qué resultados están produciendo”, fustigó el libertario.
A partir de este diagnóstico, el senador también avanzó con un segundo proyecto legislativo, destinado a recabar información sobre las políticas de seguridad y la evolución del delito en José C. Paz. A través de su pedido, Olivera busca conocer la cantidad de hechos denunciados en el distrito durante 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026, con un detalle por tipo de delito, localidad y dependencia policial interviniente.
Asimismo, la presentación de LLA busca determinar la cantidad de homicidios dolosos registrados durante el mismo período, con precisiones sobre fecha, localidad y modalidad delictiva de cada caso.
Por otra parte, en línea con otras presentaciones de su bloque, el integrante de la bancada libertaria busca conocer la cantidad de efectivos de la Policía bonaerense destinados actualmente a José C. Paz y el número de móviles asignados al municipio, con precisiones sobre cuántos se encuentran operativos y cuántos permanecen fuera de servicio.
“La seguridad es una de las principales demandas de los bonaerenses y el Estado tiene la obligación de responder con políticas concretas. No alcanza con anunciar inversiones ni con incrementar partidas presupuestarias, es indispensable conocer cómo se utilizan los recursos, qué objetivos se establecen y, fundamentalmente, qué resultados obtienen”, finalizó Olivera en su segunda presentación.
La inseguridad en José C. Paz abre otra pulseada política para Kicillof
El crimen de David Elías Ojeda Vázquez también abrió un frente dentro del oficialismo bonaerense, luego de que el senador de Fuerza Patria e intendente en uso de licencia de José C. Paz, Mario Ishii, volviera a recalentar la interna peronista al exigirle al gobernador Axel Kicillof mayores medidas de seguridad para el municipio que condujo hasta 2025.
En una misiva, la administración local expresó su profundo pesar por el fallecimiento del jóven de 23 años, quien regresaba a su casa luego de entrenar cuando dos delincuentes vestidos como repartidores lo interceptaron y lo asesinaron de un disparo por la espalda para robarle su vehículo.
“Ante la gravedad de lo sucedido, exigimos al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reforzar la seguridad en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires y en especial en nuestro distrito”, agregaron desde la comuna que responde políticamente a Ishii, hoy con actividad en la Legislatura bonaerense.
Acto seguido, desde el Municipio reivindicaron las medidas que impulsa la administración referenciada políticamente en Ishii para combatir el delito, pero advirtieron que la situación requiere de “acciones inmediatas” y que es la administración bonaerense quien debe asumir la “total y completa responsabilidad” y garantizar la seguridad de todos los vecinos de José C. Paz.
Por su parte, el diputado bonaerense de LLA, Maximiliano Bondarenko, también se refirió en las últimas horas al brutal asesinato y volvió a lanzar duros cuestionamientos contra la gestión provincial, con críticas especialmente dirigidas al ministro de Seguridad, Javier Alonso.
“La provincia de Buenos Aires hoy vuelve a estar de luto. Nos mataron un hijo a todos. La angustia que tiene cada papá en esta provincia de que su hijo no vuelva es tremenda”, resumió el parlamentario a través de un video publicado en redes sociales.
El excomisario provincial aprovechó el nuevo episodio para renovar sus críticas al manejo de la seguridad por parte de la conducción bonaerense y retomó otros reclamos previos, como el estado actual de la Policía bonaerense.
“Cada día, la institución que cuida a los bonaerenses, con más de cien mil efectivos, está más abandonada y saqueada. ¿Hasta dónde va a ir, ministro, con esto? ¿Hasta dónde va a ir usted, gobernador?”, concluyó Bondarenko en una nueva arremetida digital que también alcanzó al mandatario provincial.
Las iniciativas de Olivera, tras el crimen de Elías en José C. Paz
