En la sesión especial por la crisis del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), el peronismo logró bloquear las iniciativas opositoras sobre el funcionamiento de la obra social, entre la que se destacaba la interpelación al titular de la mutual, Homero Giles. De esta manera, la Legislatura se aproxima a cumplir 26 años sin recibir a ningún funcionario provincial que exponga durante una sesión parlamentaria.
En el capítulo XXI del reglamento interno de Diputados, se contempla la interpelación como una herramienta con la cual cualquier legislador puede pedir la presencia de ministros del Poder Ejecutivo para que informe datos y/o conteste preguntas sobre un determinado tema. A pesar de que por lo general la oposición de turno recae en este instrumento para pedirle explicaciones al Gobierno, lo cierto es que en la provincia de Buenos Aires la última vez que ocurrió esa situación fue en en noviembre del 2000.
Ni Felipe Solá, ni Daniel Scioli, ni María Eugenia Vidal y ni Axel Kicillof tuvieron que enviar a un funcionario a enfrentarse a las críticas de los bloques desertores, como si se tratase de un soldado enlistado para la guerra. Aunque en esos 16 años se han eliminado y creado Ministerios, se han borrado y redactado leyes, se modificaron minorías y mayorías legislativas, y hasta se cambió el color político de Gobernación, las tradiciones no se tocan.
De alguna u otra forma, los cuatro mandatarios provinciales supieron “gambetear” las interpelaciones al delegar a sus funcionarios a alguna comisión permanente, dar lugar a una iniciativa exigida por la oposición y hasta reuniéndose cara a cara con los que exigen la presencia de ministros. No fue así la suerte de Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf, los últimos Gobernadores que sufrieron una interpelación de su Gabinete.
Cómo fue la última interpelación que vivió el Senado bonaerense
El 7 de octubre del 2000, en una sesión de madrugada, el Senado aprobó la interpelación al ministro de Seguridad de Ruckauf, Ramón Verón, que fue motorizado por la mayoría de los bloques de La Alianza y rechazado por el Partido Justicialista. El pedido se dio en el marco de la llamada “Maldita Policía”, el apodo que tenía las fuerzas bonaerenses durante toda la década de los noventa, período caracterizado por casos de corrupción, violencia estatal y políticas duras contra la delincuencia.
La interpelación se dio menos de un mes después, el 2 de noviembre del 2000. Es decir que la Legislatura se encuentra a pocos meses de llegar a los 26 años sin recibir a funcionarios en el recinto. Entre los temas que atajó el por entonces ministro, se encontró la Masacre de Ramallo, donde ladrones con complicidad con la policía entraron a robar a un banco y efectivos abatieron a dos inocentes; el caso de Mariano Wittis, el profesor de piano que murió baleado por la policía mientras era tomado de rehén, la superpoblación en cárceles y los pedidos de coimas en el Conurbano bonaerense.
Durante su discurso en el Senado, Verón se refirió a las denuncias por maltrato y torturas policiales contra menores de edad, y hasta incluso dio el nombre de 10 de estos chicos que habrían sufrido abusos mientras estaban apresados. A raíz de esto último, la Suprema Corte presentó una denuncia pública contra el funcionario ante la posibilidad de que la Policía Bonaerense haya orquestado “tiroteos” para hacer pasar por abatidos a los menores asesinados por confesar apremios durante su estadía tras las rejas. En octubre de 2001, por esta causa y por la fuerte crisis de inseguridad, Ruckauf separó del cargo a Verón.
Cómo fue la última interpelación que vivió la Cámara de Diputados bonaerense
Dos años antes, la Cámara de Diputados tuvo la oportunidad de interpelar a otro funcionario de Carlos Ruckauf. Se trata del entonces ministro de Salud, Juan José Mussi, a quien la oposición le pidió su presencia por, principalmente, la polémica del Consorcio Agrupación Sanitaria (CORES), encargado de gestionar las prestaciones del PAMI en la provincia.
El CORES era un intermediario del PAMI: la obra social de los jubilados transfería los fondos al Consorcio, que se encargaba de contratar hospitales, clínicas y otras instalaciones sanitarias para brindar prestaciones. Desde La Alianza, cuestionaron que el organismo no tenía controles institucionales y no rendía cuentas a nadie, por lo que pidieron explicaciones a Mussi. La hipótesis de la oposición es que la entidad funcionaba de forma paralela dentro del Ministerio, teniendo la facultad de utilizar la estructura estatal, como las ambulancias.
En su intervención, el también exintendente de Berazategui, que falleció el año pasado, consideró que el CORES era una entidad privada que entablaba convenios directos con el PAMI y no con el Ministerio de Salud, por lo que no debía rendir cuentas ante los organismos de la Constitución provincial, dado que el Consorcio estaba regido por el derecho societario y no por el administrativo. Además, Mussi recordó que en 1997 la Cámara rechazó por unanimidad la decisión del presidente del PAMI, Víctor Alderete, de rescindir contrato con el CORES. Ese antecedente fue utilizado por el Ministro para defender su gestión.
Los funcionarios bonaerenses que gambetearon las interpelaciones de la Legislatura
El caso más reciente de un funcionario que esquivó la interpelación sucedió esta semana, cuando el peronismo bloqueó los dos tercios del recinto y no permitió que la oposición obligue a Giles a asistir a la Legislatura para brindar respuestas por las falencias del IOMA en cuanto a la atención de afiliados y al pago de médicos.
Previo a la sesión especial, el oficialismo ofreció que el líder de la obra social asista a la comisión de Salud para contestarles a los legisladores opositores. La misma estrategia que realizó en 2024, cuando disertó ante los parlamentarios que componen el cuerpo sobre la actualidad del IOMA. También hubo pedidos de interpelación para Javier Alonso y Sergio Berni, ambos por Seguridad; para Nicolás Kreplak, por Salud; y para Cristian Girard, por ARBA. Ninguno prosperó.
El gobierno de Kicillof no fue el único que recibió pedidos de interpelaciones. Durante la gestión de Vidal, se cambiaron los papeles: el peronismo pedía la presencia de ministros y los cambiemitas evitaban mandarlos a la Legislatura. Uno de los casos más resonantes fue el del ministro de Salud, Andrés Scarsi, debido a los constantes cortes de luz en hospitales bonaerenses. La única vez que asistió al parlamento fue para defender el Presupuesto 2019, más no atendió ninguna duda sobre el panorama sanitario provincial.
Lo mismo sucedió por el titular de Educación de Vidal, Gabriel Sánchez Zinny, quien nunca fue interpelado por los paros, por los audios filtrados sobre funcionarios que hablan de “inventar presupuestos” y por la tragedia de Sandra y Rubén, la vicedirectora y auxiliar de la Escuela 49 de Moreno que fallecieron producto de una explosión generada por la fuga de gas. Nunca fue al recinto.
En septiembre de 2011, en el mandato de Scioli, el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, casi fue interpelado por el asesinato de Candela Rodríguez, pero la oposición no reunió los votos para hacerlo. De todas formas, el funcionario provincial asistió por motus propio a una reunión de la comisión de Seguridad para tener un cara a cara con los legisladores sobre el accionar policial.
