La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires otorgó media sanción al proyecto del senador de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, que busca regular la actividad de las personas jurídicas que comercialicen bienes de consumo a través de la venta directa por parte de revendedores independientes.
El proyecto del senador de Bahía Blanca De Leo encontró los votos necesarios para su aprobación pese a las objeciones esbozadas por los senadores del Frente de Todos, Omar Plaini y Francisco Durañona.
Los legisladores del oficialismo plantearon que el proyecto que busca regular la venta directa no resguarda los derechos de los trabajadores y que no reconocería la relación laboral entre el revendedor y la empresa.
En este sentido, el senador De Leo salió a aclarar que el proyecto de venta directa “bajo ningún punto de vista es así, ya que no modifica ninguna cuestión de la Ley que regula los derechos de los trabajadores”.
“Esta práctica no tiene ninguna clase de formalidad, ninguna clase de registro ni de control por parte del Estado. No tiene ningún beneficio para aquellas personas que lo vienen haciendo”, explicó el senador de la Coalición Cívica.
Asimismo, De Leo detalló que uno de los beneficios del proyecto de venta directa haría que “la provincia de Buenos Aires obtenga un registro de las empresas porque las obliga a fijar un domicilio en la provincia”.
“Las personas ganan en derechos que hoy no los tienen porque ganan el derecho a tener un registro donde plantear cuando tienen cláusulas engañosas o que no se condicen con el vínculo comercial que tienen”, explicó el legislador de Elisa Carrió.
Cabe señalar, que se define a la venta directa como aquel canal de comercialización que incluye la participación de personas que compran bienes a empresas de venta directa para su posterior reventa a consumidores finales fuera de un local comercial establecido.
El principal objeto de la ley es regular la venta que se conoce como “de catálogo” en muchos casos, para proteger a esos trabajadores de potenciales estafas y abusos por parte de las empresas de ventas directas.
“La provincia va a tener la facultad de velar por los derechos de las personas que trabajan de esta manera. Es un avance extraordinario que no modifica en nada el espíritu de la Ley de contrato laboral, es un avance en el derecho de aquellas personas que tienen esta actividad y del Estado en su función de poder controlar y regular la actividad”, concluyó De Leo.
