Sobre el inicio de la tercera sesión ordinaria del año del Senado bonaerense, el proyecto de ley de inquilinos del senador peronista Francisco “Paco” Durañona, que se había posicionado como uno de los más relevantes del orden del día, fue apartado del temario.
En efecto, si bien todo parecía indicar que la ley de inquilinos bonaerense que establece modificaciones a la ley de martilleros y corredores públicos (N°10.973) alcanzaría esta tarde la media sanción, apenas unos minutos antes de que los senadores arriben al recinto fuentes legislativas de Juntos confiaron a este medio que “no hubo acuerdo”. “Todo nuestro bloque está en contra”, remarcaron.
De esta manera, por impericia del oficialismo en las negociaciones o por falta de voluntad de bloque opositor, el proyecto de Durañona que establece que el cobro del 4% de honorarios y los gastos administrativos sean asumidos por los propietarios quedó por fuera de una sesión que sólo tuvo como tema “fuerte” la aprobación de ocho pliegos judiciales para la cobertura de Juzgados de Paz.
Cabe destacar que, la ley de inquilinos es una normativa que Durañona viene impulsando desde agosto de 2021, cuando presentó un primer proyecto en el Senado bonaerense. Ya desde ese momento, el bloque de Juntos había mostrado su oposición al proyecto.
Casi dos años después, en junio de 2023, el proyecto de ley del legislador oriundo de San Antonio de Areco fue dictaminado por la comisión de Asuntos Constitucional y Acuerdos, por lo que quedó en condiciones de ser tratado en la sesión de este jueves en la Cámara alta.
“Queremos acercar una solución al problema habitacional en la Provincia de Buenos Aires con una lógica de arraigo, generando un alivio económico al sector de inquilinos, que son quienes enfrentan las mayores cargas”, destacó Durañona, en el momento en el que la ley de inquilinos bonaerenses superó esa instancia de comisiones.
Entre sus puntos, la ley de inquilinos bonaerense prevé que la solicitud de informes de dominio, a realizarse en el Registro de la Propiedad, sea sin costo para los locatarios, y que las certificaciones de firmas y/o las averiguaciones de informes de garantía sean afrontadas por los propietarios.
Asimismo, la ley de inquilinos bonaerense establece que el Estado deberá ser quien garantice que las inmobiliarias y martilleros públicos publiquen en los locales y páginas web, sus honorarios y las alícuotas que se cobran en los alquileres. “El objetivo es que el inquilino tenga la información de manera más transparente y accesible”, explicó Durañona en su momento.
Vale recordar que, en junio Durañona había pedido el acompañamiento del bloque de Juntos para aprobar la normativa que busca dar alivio a unos tres millones y medio de inquilinos de la provincia de Buenos Aires, en un contexto en el que la Ley de Alquileres fue modificada para intentar paliar los duros efectos que causó la inflación en los precios dictaminados por las inmobiliarias. Sin embargo, el pedido del exintendente de San Antonio de Areco recibió oídos sordos por parte de los senadores cambiemitas, que le bajaron el pulgar.
