Este miércoles, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), el gremio que conduce el secretario de derechos humanos de la Central General de Trabajadores (CGT), Julio Piumato, convocó a un paro de 24 horas en reclamo por el retraso del pago del aumento salarial acordado con la Corte Suprema.
“Ante las incomprensibles demoras para efectivizar el tercer tramo del aumento salarial, la organización sindical retoma la lucha y no se quedará de brazos cruzados“, declaró el sindicalista, en las horas previas al paro de judiciales.
En ese sentido, ante la devaluación del 22% de la moneda nacional y la escalada inflacionaria, el secretario de la CGT argumentó los motivos del paro de judiciales al decir que “es incomprensible el retraso para efectivizar un justo y legítimo incremento salarial”.
Asimismo, Piumato señaló que los judiciales, que el martes realizaron un banderazo nacional en todas las jurisdicciones del país, “hacen patria, defienden la independencia de la Justicia y luchan por la dignidad de los salarios de los trabajadores del sector”.
Es preciso mencionar que, el paro de judiciales tiene como antecedente una serie de medidas de fuerza, entre las cuales, además del banderazo de ayer, convocaron a dos huelgas en agosto en reclamo por el retraso del pago del aumento de salario.
“La inflación es intratable y, por lo mismo, los trabajadores judiciales realizarán desde esta medianoche un paro nacional en defensa de la dignidad salarial”, señaló Piumato, que agregó: “Tampoco admiten más dilaciones, porque el poder adquisitivo enflaquece a diario, de no ser escuchada, la organización sindical profundizará las medidas“.
Por otro lado, la UEJN atravesó la misma situación en junio, por lo que se vio en la obligación de convocar a un paro de judiciales de 24 horas, al ver que lo acordado con la Corte Suprema, el pago del segundo tramo del aumento salarial, no se cumplió.
En ese momento, Piumato le exigió al máximo tribunal que debería demostrar que “es un poder realmente independiente” y pagar los salarios, debido a que se excusó en que los depósitos dependen de los fondos que le gira el Poder Ejecutivo, con el que se encuentra en medio de un juicio político en el Congreso de la Nación.
