La senadora bonaerense de Fuerza Patria, Sofía Vannelli, presentó un proyecto para exigirle a los legisladores nacionales que creen una Bicameral en el Congreso para investigar la decisión que tomó en septiembre del año pasado el gobierno de Javier Milei, sobre enviar al exterior las reservas de oro de las arcas del Banco Central (BCRA).
En rigor, la legisladora massista dispuso que la Comisión Bicameral de Investigación debe estar destinada a determinar la cantidad total de oro transferido, las fechas, jurisdicciones y entidades receptoras, las razones técnicas o contractuales que motivaron tales operaciones y la situación actual de disponibilidad de dichas reservas.
El 2 de septiembre de 2024, las autoridades del Banco Central dieron a conocer que transfirieron gran parte de sus reservas en oro a diferentes entidades financieras del exterior. Si bien el organismo estatal dio cuenta que no se modificó el volumen total de oro y que solo se trató de una operación de reubicación, lo cierto es que nunca se detalló cuánto se movió, hacia dónde, bajo qué contratos y para qué finalidad se realizaron tales movimientos.
En aquel momento, el Banco Central invocó que, por razones de seguridad, no podía dar detalles de la transacción, pero unos días más tardes medios periodísticos informaron que el valor del oro rondaba los USD 4.981 millones. “Hay un acto oficial reconocido (traslado/reubicación) pero déficit de precisión pública en datos esenciales (montos, custodios, contratos, costos y finalidad), lo que justifica el control parlamentario”, señaló Vannelli.
En ese sentido, la autora del proyecto recordó que la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció que el BCRA no entrega o dilata información clave (destino, rendimiento, costos, seguros y documentación de respaldo), y que la auditoría sobre el oro está frenada. “Si la AGN no accede a datos básicos, el sistema de rendición de cuentas queda vacío de contenido”, advirtió.
“El propio BCRA ubica el valor contable del oro monetario en torno a USD 4.981 millones (2024). Esa magnitud revela la materialidad del tema: son activos estratégicos, parte del respaldo del balance del BCRA y del stock de reservas internacionales. Cambios en su ubicación jurídica o condición contractual (por ejemplo custodia externa, pignoración o swaps) pueden incidir en la solvencia percibida y en la exposición a medidas cautelares en el exterior”, subrayó Vannelli.
Frente a este contexto, la senadora massista definió que la falta de información abre varios interrogantes, como si hubo pignoración del oro, bajo qué jurisdicción se realizó la operación, y los gastos en transporte, seguro y comisiones. “El Congreso debe conocer condiciones, contrapartes y riesgos, para evitar daños patrimoniales o limitaciones sobre activos soberanos”, precisó.
En los fundamentos del proyecto, Vannelli hizo un repaso de varias investigaciones que dan cuenta de varios datos que nunca fueron aportados por el BCRA, como que 37 toneladas de oro habrían sido enviadas a Londres, o que hubo 4 vuelos desde Ezeiza por 13 toneladas con valor estimado cercano a USD960 millones.
“El oro es patrimonio público: pertenece a todos los argentinos. Su administración exige transparencia y rendición de cuentas. El Congreso tiene potestades de control y debe poder auditar decisiones que afecten activos estratégicos (oro, divisas, títulos). La provincia de Buenos Aires tiene un interés directo en la defensa del patrimonio nacional, pues su población y economía dependen del crédito y la estabilidad del país. La publicidad de los actos de gobierno es regla, el secreto es excepcional y no puede oponerse para frustrar el control legal de la AGN y el Congreso”, cerró Vannelli.
