La fiscal de Bariloche, María Cándida Etchepare, imputó a los magistrados, fiscales, funcionarios y empresarios de medios de comunicación que protagonizaron el escándalo de Lago Escondido horas antes de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, presentara otra denuncia contra los acusados en la Fiscalía.
Con decisión de la funcionaria quedaron imputados el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 10, Julián Ercolini; el fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Juan Bautista Mahiques; y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo Silvio D´Alessandro.
En la nómina de imputados de Etchepare también figuran el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, Pablo Yadarola; y el titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, Pablo Gabriel Cayssials.
A su vez, quedaron imputados el exdirector de asuntos jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Leonardo Bergroth; el presidente de Mediabit S.A., Tomás Reinke; el directivo del Grupo Clarín S.A., Pablo César Casey; y el presidente de Grupo Clarín S.A; Jorge Carlos Rendo.
La primera causa por el polémico encuentro en Bariloche se inició el pasado 24 de octubre luego de que el abogado Marcelo Eduardo Hertzriken Velasco denunció ante la Fiscalía una serie de hechos que formulaban la hipótesis de que magistrados, fiscales, funcionarios y empresarios se habrían reunido con el expresidente Mauricio Macri en la mansión llamada “Lago Escondido”, propiedad del magnate inglés Joseph Lewis.
Tales sucesos fueron difundidos masivamente por los medios de comunicación hace unos días, tras compartir los chats de Telegram donde se ve que los imputados por el escándalo de Lago Escondido se pusieron de acuerdo para tapar el viaje ocurrido a mediados del pasado octubre.
Después de que se difundieran los mensajes de los protagonistas del escándalo de Lago Escondido la Fiscalía pudo determinar que el día 13 de octubre del corriente año “se trasladaron desde Buenos Aires hacia esta ciudad en un avión privado propiedad de la empresa ‘Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.’, matrícula LV-GCK, los pasajeros Julián Ercolini, Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, Juan Bautista Mahiques, Marcelo D’Alesandro, Carlos Alberto Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Gabriel Cayssials”.
De acuerdo a la Fiscalía de Bariloche, “todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía”.
En cuanto a los pasajeros arribados a Bariloche en esa fecha, según la Fiscalía que investiga el escándalo de Lago Escondido, en ninguno de los vuelos figura Macri, pero sí aparecen dos altos directivos del Grupo Clarín S.A., Pablo Casey y Jorge Carlos Rendo.
“Si bien los hechos denunciados inicialmente por Hertzriken Velasco no eran del todo exactos, sí tenían una base cierta de ocurrencia que podría implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”, expresó la fiscal Etchepare.
Es por ello que, en palabras de la funcionaria judicial de Bariloche, “adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa”.
El Gobierno formalizó su denuncia contra los protagonistas del escándalo de Lago Escondido
Por su parte, menos de 48 horas después de la cadena nacional del presidente Alberto Fernandez, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación presentó este miércoles una otra denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche contra los jueces, fiscales, funcionarios y empresarios de medios que compartieron un viaje a Lago Escondido.
A los funcionarios involucrados en el escándalo se los acusó de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas y, también, de los ilícitos de ofrecimiento de dádivas por el vuelo privado y el alojamiento en la estancia del magnate británico Joe Lewis.
El escrito que Soria le entregó a la Fiscalía plantea que “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.
En tanto, la denuncia del Gobierno nacional pidió varias medidas de prueba, como la entrega de los celulares de todos los implicados y el secuestro de los mismos. A su vez, el escrito presentado por el titular de Justicia y Derechos Humanos de la Nación incluyó un pedido para aceptar al Estado Nacional como querellante en la causa.
