La discusión por la creación de un esquema de Policía Municipal en el interior de la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo en la Legislatura bonaerense. El titular del monobloque Derecha Popular, Juan Esper, presentó el primer proyecto opositor que propone institucionalizar fuerzas de seguridad locales bajo la órbita de cada municipio.
Mientras el gobierno de Axel Kicillof trabaja en una reforma integral de la Ley de Seguridad Pública y distintos intendentes reclaman mayor autonomía para intervenir en la prevención del delito, la iniciativa del dirigente opositor suma volumen político a una discusión que atraviesa al sistema de seguridad bonaerense desde hace más de dos décadas.
En ese marco, el texto de Esper sigue la línea de otras iniciativas presentadas por el oficialismo que ya se encuentran en debate y plantea una transferencia efectiva de facultades hacia los intendentes, quienes pasarían a controlar de manera funcional, administrativa, financiera y operativa a las nuevas estructuras policiales.
“Es necesario dotar a los municipios de facultades y poderes para la preservación de la tranquilidad y seguridad pública. Para eso el intendente debe tener el control operacional de su propia fuerza policial”, defendió el legislador del monobloque opositor.
De acuerdo al planteo legislativo, cada municipio podrá adherir al régimen mediante un convenio firmado por el intendente y ratificado por el Concejo Deliberante. A partir de la efectivización del trámite, la Policía Municipal dependerá directamente del jefe comunal, quien tendrá la facultad de designar al titular de la fuerza con acuerdo del cuerpo deliberativo local.
En términos operativos, el articulado establece que cada fuerza de alcance local tendrá un perfil eminentemente preventivo. Los agentes realizarán tareas de patrullaje, vigilancia, prevención primaria, análisis de mapas del delito, intervención en conflictos vecinales y colaboración en materia de tránsito y seguridad vial.
Por otro lado, la Policía Municipal podrá participar en campañas de prevención, educación comunitaria y asistencia ante situaciones de emergencia o catástrofes. No obstante, el proyecto fija una serie de límites precisos para evitar superposiciones con otras jurisdicciones.
Bajo esa premisa, los efectivos locales no podrán custodiar personas, edificios ajenos al ámbito comunal ni alojar detenidos en dependencias bajo su control. Asimismo, el proyecto de Esper establece que la fuerza tampoco podrá realizar notificaciones judiciales ni desempeñar tareas administrativas ajenas a su misión específica.
El planteo del representante oriundo de San Miguel también incorpora una fuerte impronta profesionalista, ya que los agentes deberán cumplir requisitos específicos de ingreso, acreditar estudios secundarios completos y atravesar instancias permanentes de formación y capacitación.
A su vez, la propuesta prohíbe expresamente la incorporación de efectivos expulsados de otras fuerzas de seguridad y establece mecanismos de evaluación periódica que servirán como criterio para definir ascensos y promociones dentro de la estructura policial.
Cada distrito podrá diseñar programas de capacitación propios bajo supervisión provincial, con planes de estudio que deberán contemplar contenidos sobre derechos humanos, ética pública, prevención del delito y las particularidades de cada territorio. Además, los municipios podrán celebrar convenios con universidades para reforzar la formación y actualización profesional de los efectivos.
En última instancia, la propuesta de Esper también prevé la creación de una Mesa de Coordinación Operativa Municipal, un organismo que reunirá a representantes de las distintas fuerzas de seguridad que actúan en cada distrito. Entre las principales funciones de la entidad local figuran la coordinación de estrategias preventivas, el intercambio de información y la articulación de acciones para evitar superposiciones operativas.
A modo de fundamentación, Esper sostuvo que el actual modelo de centralización policial perdió capacidad para responder a las demandas de cada territorio y defendió la descentralización como una herramienta para mejorar la eficiencia, la calidad y la equidad en la prestación de los servicios de seguridad.
“¿Cómo sería posible, en una provincia de más de 17 millones de habitantes, establecer en qué esquinas de los 135 partidos instalar cámaras, en cuáles barrios sumar policías a pie o cómo actualizar los recorridos de las cuadrillas semana a semana?”, cuestionó el referente opositor.
Al respecto, el legislador de la Primera sección argumentó que los municipios ya cumplen numerosas funciones vinculadas a la prevención del delito mediante centros de monitoreo, cámaras de seguridad, patrulleros locales, mapas del delito y programas de asistencia a las víctimas. Sin embargo, esta participación todavía carece de un reconocimiento institucional pleno dentro del esquema provincial.
En la misma línea, el expediente también cuestiona que una estructura centralizada pueda determinar con precisión las necesidades específicas de los 135 municipios bonaerenses. Según el diagnóstico del proyecto, las problemáticas de seguridad presentan características distintas en cada territorio y requieren respuestas adaptadas a las realidades locales, algo que solo podría alcanzarse mediante una conducción policial más cercana al vecino.
“Se trata aquí de revestir a los municipios de los recursos necesarios para que cada intendente pueda diseñar la política de seguridad que mejor se ajuste a la realidad de su distrito, con una fuerza acorde que le responda. Con este proyecto, estamos haciendo realidad un proceso que, como hemos visto, viene cristalizándose hace muchos años”, concluyó el parlamentario.
La presentación de Esper se produce en un contexto político particular. Hace apenas algunas semanas, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, reunió a intendentes del conurbano y les prometió reactivar la discusión sobre la creación de policías municipales.
En aquel encuentro, el funcionario de Axel Kicillof volvió a colocar el tema en el centro de la agenda legislativa y profundizó las presiones de los jefes comunales para obtener mayores niveles de autonomía en materia de prevención del delito.
Cabe destacar que hasta ahora, las iniciativas que permanecían activas en la Legislatura provenían de sectores alineados con el oficialismo provincial. Por un lado, el diputado Leonardo Moreno impulsa una Policía Municipal de Proximidad basado en la experiencia de Escobar, distrito del cual es oriundo. En paralelo, el massista Carlos Puglelli propone un esquema de Policías Comunales con mayores atribuciones operativas y una dependencia más directa de los municipios.
En los últimos años, el debate volvió a ganar fuerza con nuevas propuestas en ambas cámaras, entre ellas la del exsenador Joaquín de la Torre, quien impulsó un modelo basado en la experiencia que desarrolló durante su gestión como intendente de San Miguel. Justamente, la presentación de Esper va en esa línea, dado que actuó como Secretario de Seguridad en el gobierno municipal de De la Torre.
