Familiares, prestadores y personas con discapacidad protagonizaron este miércoles una protesta frente a la Casa Rosada contra la reforma de la Ley de Discapacidad y la acumulación de deudas en prestaciones. La jornada derivó en momentos de tensión cuando efectivos policiales retiraron por la fuerza una estructura que los manifestantes habían instalado como forma de visibilizar el reclamo.
“Nos tratan como perros, hermano. ¿A vos te parece justo?”, expresó uno de los presentes, tras los incidentes con la policía, en un testimonio que reflejó el clima que atravesó la protesta y se replicó entre los asistentes, que denunciaron un accionar desmedido de las fuerzas de seguridad.
El conflicto comenzó cuando los manifestantes intentaron montar un gazebo sobre la vía pública para sostener la permanencia en el lugar, pero los agentes federales intervinieron para desarmarlo. El operativo generó empujones, reclamos y escenas de tensión en medio de una concentración atravesada por un fuerte malestar.
En tanto, otra mujer que participó de la concentración apuntó contra la respuesta oficial ante el conflicto y cuestionó la falta de sensibilidad. “No tienen humanidad”, afirmó la testigo, al describir la situación que atravesaron los familiares de personas con discapacidad durante el operativo.
Vale precisar que la protesta reunió a prestadores, transportistas, familiares y niños con discapacidad, quienes reclaman el pago de prestaciones adeudadas desde septiembre de 2025. Al culminar los incidentes, las autoridades reforzaron la presencia de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y de Infantería en la zona para contener la situación.
Ante este panorama, uno de los participantes también relató empujones durante la intervención policial y cuestionó la decisión del Ejecutivo de responder con fuerzas de seguridad. “Nos agreden a nosotros. Venimos tranquilos a ver si el presidente nos escucha, pero nos manda la policía. A ella la empujaron, casi la tiraron”, sostuvo en relación a otra de las involucradas en el reclamo.
Por otro lado, los manifestantes apuntaron contra el atraso en los pagos del Programa Incluir Salud y del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), dos de los principales ejes del conflicto. Asimismo, los reclamos incluyeron pedidos de financiamiento para sostener tratamientos, traslados y servicios básicos vinculados a la atención de personas con discapacidad.
El conflicto se enmarca en la reglamentación reciente de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, que el Gobierno implementó en febrero tras un fallo judicial que ordenó su puesta en vigencia. Sin embargo, la disputa por el financiamiento, la ejecución de fondos y la aplicación del nuevo régimen mantiene abierto un frente de tensión entre la administración de Javier Milei y los sectores involucrados.
Un fallo judicial obligó al Gobierno a avanzar con la Ley de Discapacidad
El conflicto por la cobertura en discapacidad suma un capítulo clave en el plano judicial y administrativo, luego de que la Justicia ordenara la implementación de la Ley N°27.793, tras un amparo colectivo. El fallo del Juzgado Federal de Campana obligó al Gobierno nacional a avanzar con la normativa antes del 4 de febrero de 2026.
Si bien el Ejecutivo libertario había intentado frenar la aplicación de la ley sancionada en septiembre de 2025 mediante un veto basado en la falta de financiamiento, el Congreso insistió en su promulgación y derivó en una disputa institucional que se resolvió con intervención judicial.
Finalmente, la actual conducción nacional reglamentó la norma a través del decreto 84/2026 y definió un nuevo esquema para las pensiones no contributivas por discapacidad, que estableció criterios de acceso, evaluaciones socioeconómicas y un sistema de control bajo la órbita del Ministerio de Salud.
Asimismo, el decreto también dispuso la articulación con el Consejo Federal de Discapacidad y la realización de auditorías para revisar las prestaciones existentes. No obstante, la implementación del nuevo régimen, que incluye la reconversión de pensiones previas, se desarrolla en un escenario atravesado por restricciones presupuestarias y reclamos por pagos atrasados.
