La Justicia federal de La Plata avanzó en la investigación sobre el lote de fentanilo contaminado producido por Laboratorios Ramallo S.A. y HLB Pharma S.A. En ese marco, el juez Ernesto Kreplak determinó que aproximadamente 33.731 ampollas del medicamento adulterado se administraron a pacientes internados en diversos hospitales y clínicas del país.
El lote investigado, identificado con el número 31202, fue elaborado el 18 de diciembre de 2024 y constaba de 154.530 ampollas, que se vendieron en su totalidad. De ese total, 64.003 unidades ya fueron recuperadas, mientras que 56.796 permanecen bajo custodia judicial en distintos depósitos. Por su parte, el paradero de las 11.405 ampollas restantes aún no se confirmó, aunque las autoridades aseguran que no están perdidas.
Hasta el momento, el juez Kreplak confirmó la muerte de 68 personas vinculadas a la causa, mientras que otras 20 muertes están en estudio y podrían relacionarse con el fentanilo contaminado. En tanto, los pacientes afectados presentaban patologías graves y recibieron el medicamento antes de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibiera su uso el 11 de marzo de 2025.
El caso más conmovedor es el de Giovanni, un bebé nacido por cesárea el 26 de abril en la provincia de Córdoba. Tras un inicio sin complicaciones, el recién nacido sufrió una grave infección por la bacteria Klebsiella, contraída luego de recibir una dosis del fentanilo contaminado en la Clínica Vélez Sarsfield.
Por su parte, la clínica cordobesa, que había comprado 1.700 ampollas del lote afectado, entregó al juzgado cuatro historias clínicas vinculadas al caso. Aunque solo se confirmó una muerte en esa institución, la Justicia sospecha que podrían existir más fallecimientos sin reportar. De hecho, en Córdoba no se registraron casos oficiales en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), ni siquiera el de Giovanni.
En paralelo, el Ministerio de Salud de la Nación, a través del Boletín Epidemiológico Nacional N° 767, informó que hasta el 1 de agosto de 2025 se registraron 67 casos confirmados de infección asociada al fentanilo contaminado en Santa Fe, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), mientras que la cantidad de fallecimientos se mantiene estable en 48.
La cartera sanitaria nacional, a cargo de Mario Lugones, aclaró que los pacientes fallecidos estaban internados por otras causas y que aún se investiga la relación directa entre el suministro del medicamento y los decesos. En ese sentido, el Instituto Malbrán confirmó que las bacterias halladas en las muestras de hemocultivos de los pacientes fallecidos coinciden con las presentes en el fentanilo contaminado.
Finalmente, Kreplak dispuso embargos sobre los bienes de 24 personas vinculadas a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, además de ordenar la prohibición de salida del país para ese grupo con el fin de evitar eventuales fugas y garantizar el avance de la investigación. Entre los investigados aparecen el empresario Ariel García Furfaro, miembros de su familia —incluidos sus hermanos, madre y abuela—, así como directores técnicos y responsables del control de calidad de los medicamentos.
La causa por el fentanilo contaminado y los antecedentes de evasión fiscal
La gravedad del caso del fentanilo contaminado dio impulso a una serie de acciones judiciales en paralelo que complican aún más la situación del grupo farmacéutico liderado por Ariel García Furfaro. A principios de julio, el juez federal Ernesto Kreplak avanzó con allanamientos en 22 domicilios vinculados a HLB Pharma Group S.A. y a su elaborador exclusivo, Laboratorios Ramallo, en el marco de la investigación que busca esclarecer la cadena de responsabilidades en la distribución de insumos contaminados.
De los 267 expedientes analizados, 117 corresponden a fallas de calidad en la fabricación de medicamentos, generando más de 130 alertas sanitarias. En tanto, los peritajes técnicos sobre los lotes cuestionados confirmaron la presencia de bacterias peligrosas en productos clínicos inyectables, que habrían causado el fallecimiento de los pacientes afectados.
Paralelamente a las advertencias sanitarias, la Justicia avanzó con una investigación sobre el funcionamiento del grupo empresario que opera el laboratorio Ramallo. En ese marco, el juez Kreplak ordenó la inhibición de bienes de Ariel Fernando García, así como de sus hermanos, Damián Roberto y Diego; de su madre, Nilda Furfaro; y de su abuela, Olga Luisa Arena, quien figura como expresidenta del grupo HLB Pharma.
Según la hipótesis que maneja el magistrado, la familia habría diseñado una estructura de empresas cruzadas con el objetivo de disimular posibles maniobras irregulares dentro del entramado societario. A partir de esa sospecha, Kreplak dispuso medidas patrimoniales preventivas para impedir eventuales maniobras de fuga o acciones que obstaculicen el desarrollo de la causa.
