La Gendarmería Nacional cerró el expediente administrativo que investigaba la actuación de sus efectivos durante la represión del pasado 12 de marzo frente al Congreso, centrando la pesquisa en la responsabilidad por el disparo que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo. Al respecto, la fuerza federal concluyó que no existió mala praxis por parte del gendarme responsable y atribuyó la responsabilidad directamente al reportero gráfico.
La investigación interna se redujo a la declaración de los efectivos que participaron del operativo y al cabo Héctor Guerrero, autor del disparo, quienes coincidieron en que el gendarme apuntó hacia el suelo y que el proyectil rebotó dos veces antes de impactar en la cabeza de Grillo. En ese marco, la fuerza calificó lo ocurrido como un “hecho fortuito”, que atribuyó a la “mala visibilidad” y a la “imprudencia” del reportero gráfico por haberse ubicado “en la línea de tiro”.
No obstante, los videos grabados durante la represión muestran que Guerrero disparó en línea recta y apuntó directamente hacia donde se encontraba Pablo Grillo. Sin embargo, a pesar de esta evidencia, los videos no fueron incorporados en el expediente oficial.
En este contexto, la fuerza federal no aplicó sanciones disciplinarias al cabo Guerrero, quien continúa en funciones. Por su parte, la familia de Pablo Grillo denunció que la investigación “revela múltiples falencias que comprometen la seriedad y objetividad” del proceso.
Desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ambos querellantes en la causa, advirtieron que el sumario funcionó “como una mera formalidad diseñada para avalar los comportamientos de sus efectivos y encubrir cualquier conducta que haya puesto en peligro la vida de los manifestantes”.
Vale recordar que, el 17 de marzo, cinco días después de la represión, el Comandante de la Región I, Marcelo Porra Melconian, ordenó abrir la Información Administrativa N° 01/25 para “corroborar o desvirtuar responsabilidades disciplinarias del personal del Destacamento Móvil 6”, ante la presión social y mediática del caso.
Ese mismo día, Porra Melconian designó como sumariante al Comandante Mayor Adrián Barressi, quien al día siguiente presentó el “informe final” y concluyó que no existían motivos para aplicar sanciones disciplinarias. Más tarde, el asesor jurídico José Carlos Lodolo respaldó el dictamen y, el 19 de marzo, se ordenó el cierre formal del sumario.
Días después, la fuerza federal reabrió el expediente para ampliar declaraciones, precisar el uso de granadas y otros medios disuasivos, incorporar partes médicos y realizar una pericia sobre “la mecánica del hecho que dejó a un fotógrafo herido”. Pese a esas medidas, el segundo dictamen confirmó que no correspondía sancionar a ningún efectivo y el 29 de abril, la investigación administrativa se cerró definitivamente.
El padre de Pablo Grillo acusó encubrimiento institucional de Gendarmería
Fabián Grillo, padre de Pablo Grillo, el fotógrafo herido por un disparo del gendarme Héctor Guerrero durante la represión a una protesta de jubilados frente al Congreso, criticó con dureza la decisión de Gendarmería Nacional de cerrar el expediente interno en tiempo récord y calificar el hecho como “fortuito”. “No podía esperar otra cosa, pero es un absurdo absoluto”, afirmó.
En declaraciones televisivas, Grillo se mostró indignado por la resolución que exculpa al agente involucrado y aseguró que el cierre del caso sin sanciones ni consecuencias refleja una actitud reiterada por parte de las fuerzas de seguridad ante hechos de violencia institucional. “Uno pensaba que tenían una cierta prolijidad, pero continúan con lo absurdo. Es increíble”, agregó.
En ese marco, el padre del reportero agredido sostuvo que la decisión de la fuerza federal no solo evita responsabilidades, sino que también agrava el daño. “No sé si es el grado de impunidad al que están acostumbrados, que pueden decir cualquier idiotez y se les cree, y algunos medios lo magnifican. El absurdo es increíble”, señaló.
Finalmente, el familiar de la víctima interpretó el cierre de la investigación como una nueva muestra de encubrimiento institucional. “No podíamos esperar otra cosa”, insistió, en referencia a la conducta que, según dijo, las fuerzas de seguridad adoptan históricamente ante hechos de represión o abuso de poder.
