Como resultado de la reunión entre gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, y el de Transporte, Jorge D’Onofrio, con dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), las partes acordaron conformar una comisión de seguimiento para poner en marcha la instalación de cámaras de seguridad en los colectivos.
Así de superficial fue la respuesta del gobierno de Kicillof ante el asesinato del colectivero de La Matanza, Daniel Barrientos, de este lunes por la mañana que derivó en una masiva manifestación en Lomas del Mirador, con la consiguiente golpiza al ministro Berni.
Tras el conclave en Casa de Gobierno, el titular de la cartera de Seguridad recordó que durante el 2021 “Kicillof destinó $2.500 millones a las distintas empresas de transporte para que instalarán cámaras de seguridad en sus colectivos y a la fecha muchas no han puesto los dispositivos”.
“Todos queremos que estén las cámaras de seguridad, algunas se pusieron y otras no tienen los chips para transmitir en vivo. Lo importante es la decisión que ha tomado el Ministro de Transporte. Es un tema que nos ocupa a todos. No podemos seguir insistiendo en lo mismo”, apuntó Berni.
Ante esta situación, fue el ministro de Transporte D´Onofrio el que adelantó que el Gobierno bonaerense y la UTA llegaron a un acuerdo para crear una comisión de seguimiento para garantizar que se instalen las cámaras de seguridad. “Hemos intimado a las empresas con no pagarles el subsidios”, apuntó.
“Las empresas están intimadas desde el 4 de enero para colocar las cámaras de seguridad que están faltando. La idea es que muy pronto estén todas funcionando y controladas desde el centro de monitoreo con inteligencia artificial”, agregó D´Onofrio, a la salida del conclave de esta tarde.
De acuerdo a la información aportada por la cartera de Transporte, de los más de 8.000 colectivos que circulan en la provincia, solo 2.000 cuentan con las cámaras de seguridad funcionando, pese a que una ley de 2016 obligó a las compañías a instalar estos dispositivos que graban en tiempo real.
Vale recordar, que en abril de 2018 como resultado del asesinato de otro chofer en La Matanza, el de Leandro Alcaraz, se reglamentó la ley de fines de 2016 para obligar a las empresas a instalar los dispositivos en los vehículos. Sin embargo, vencido el plazo para la implementación de la norma, las empresas adujeron dificultades económicas para enfrentar la adquisición de los dispositivos y fue recién en 2019 que comenzaron a hacerlo, aunque a ritmo muy lento.
En junio de 2021, la Provincia firmó una nueva resolución con el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, para que las nuevas unidades de transporte público de pasajeros que sumen las empresas a su plantel, cuenten con cámaras de seguridad.
En rigor, el derrotero de la reglamentación de la ley sancionada en la Legislatura bonaerense para llevar algo de seguridad en los colectivos no encontró su total implementación desde el gobierno de María Eugenia Vidal a esta parte. En el medio se perdieron varias vidas, entre las más resonantes se encuentran la de Barrientos de hoy, la de Pablo Flores (2020) y la de Alcaraz (2018).
