El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, apeló en las últimas horas el fallo que había suspendido temporalmente los aumentos de luz reflejados en las boletas de agosto.
Es que, a mediados de septiembre, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Coppola, había ordenado frenar los aumentos de luz, tras ordenar devolver de manera inmediata lo cobrado durante agosto.
La decisión judicial se dio a raíz de una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense, que conduce Guido Lorenzino. Ante esta situación, el magistrado había cancelado canceló las subas que había autorizado la administración de Axel Kicillof, a través de la Resolución 585/2026.
La resolución cuestionada estableció un nuevo cuadro tarifario desde el 1° de agosto, con modificaciones sobre los componentes provinciales de la tarifa, principalmente el Valor Agregado de Distribución (VAD).
Entre los argumentos, la Defensoría del Pueblo bonaerense cuestionó que la administración provincial autorizará un aumento de luz sin realizar una audiencia pública ni habilitará un mecanismo formal de participación de los usuarios.
Para el magistrado, los usuarios deben contar con información y participación antes de que se establezcan nuevos valores para un servicio público, al mismo tiempo que cuestionó el tiempo transcurrido desde la última audiencia pública.
“Hace diez años que no se realiza una audiencia pública, pretender justificar constantes subas en una ‘tarifa de transición’ por tiempo indefinido desnaturaliza el derecho a la información de los usuarios”, alegó Lorenzino.
Aumentos de luz: los argumentos del Gobierno bonaerense para apelar el fallo
Ante este escenario, la administración provincial apeló el fallo, cuestionando que la justicia haya considerado necesaria la realización de una audiencia pública por cada actualización tarifaria. Para el Gobierno, el fallo habría confundido dos esquemas diferentes: la Revisión Tarifaria Integral (RTI) y la denominada Etapa de Transición Tarifaria.
Según la postura oficial, la RTI fue establecida originalmente para el período 2017-2022 y contemplaba una fórmula de actualización vinculada a los costos propios de distribución. Sin embargo, la emergencia económica, sanitaria y energética modificó ese escenario y dejó en suspenso aquel mecanismo.
A partir de 2021 comenzó a regir un esquema transitorio destinado a preservar la sustentabilidad del servicio. Ese régimen fue posteriormente prorrogado y actualmente tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2027. Por eso, el Gobierno bonaerense argumenta que los incrementos cuestionados no constituyen una nueva revisión integral de las tarifas, sino actualizaciones dentro de un mecanismo excepcional que continúa vigente.
Desde la administración bonaerense entienden, además, que los contratos de concesión y la normativa que estableció la etapa transitoria habilitan esas modificaciones sin necesidad de convocar una audiencia pública cada vez que se actualizan los valores. Ahora, será la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata quien deba resolver la polémica.
