El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, anunció que, por instrucción de Alberto Fernández, presentó una denuncia penal en la justicia para que “se investigue” al ministro de Seguridad y Justicia porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, actualmente en uso de licencia, por los presuntos delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado“.
“Por instrucción del Presidente presenté una denuncia penal en la justicia nacional para que investigue al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro”, explicó Soria a través de las redes sociales, sobre el escrito que firmó para que se ahonde en la serie de chats filtrados que el funcionario porteño mantuvo con empresarios contratistas y la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani.
El ministro de Alberto Fernández detalló que “se imputan los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros” y reclamó a los magistrados que D’Alessandro entregue su teléfono celular a la Justicia, al igual que todos aquellos que resulten relacionados con la investigación de los chats del escándalo.
La denuncia requiere que “se investigue” al ministro de Horacio Rodríguez Larreta, por estas horas en uso de licencia, por “la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales“.
En este sentido, Soria recordó que los chats “involucran” también a empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fiscales nacionales y la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani.
“La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas“, afirmó el ministro Martín Soria, sobre la denuncia contra D’Alessandro.
El escrito presentado ante la justicia plantea que, en caso de confirmarse las revelaciones periodísticas, demostraría “una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos” y esto sería “incompatible con un Estado de Derecho”.
La denuncia fue presentada por Soria tras la filtración de chats entre el ministro D’Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, en los que combinaban tácticas para que el Gobierno porteño salga beneficiado, como finalmente ocurrió, en la pulseada por los fondos de la coparticipación federal, y además para beneficiar a Juntos por el Cambio en la pelea por la integración del Consejo de la Magistratura.
Las sospechas de corrupción contra D’Alessandro
En un documento adjuntado por Soria se especifica que la denuncia presentada por el Ministerio de Justicia también pide investigar los presuntos hechos de corrupción relacionado a la contratación por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del servicio de grúas de remolque operado por la empresa Dakota S.A.
Así, el Gobierno nacional pidió que se indague en “la presunta existencia de un canal de pago de retornos y de negociados”, que estaría compuesto por D’Alessandro y Marcelo Violante, dueño de Dakota S.A.
“Podrían dejar ver el porqué de la decisión del gobierno de la Ciudad de no actualizar los montos que debía pagar la empresa Dakota S.A. por usufructuar el servicio público porteño“, detalló Soria en la denuncia penal contra Marcelo D’Alessandro.
El escrito destaca que “la empresa Dakota S.A. fue la encargada de la concesión del servicio de grúas y playas de estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires hasta que un escándalo sin precedentes terminó de forma abrupta el contrato: el Gobierno porteño, solamente cobraba un canon de $55.000 por mes”.
En la denuncia Soria sostiene que ese irrisorio pago mensual fue mantenido “por decisión política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pesar de que la Auditoría General de la Ciudad emitió informes advirtiendo que la relación entre lo recaudado y la cuota mensual que paga la concesionaria no tenía sustento alguno ya que el canon estaba sin actualizar desde el 2014”.
En paralelo, entre los hechos apuntados por el Gobierno nacional también se destaca el presunto “arreglo” de licitaciones para la destrucción de chalecos antibalas de la Policía de la Ciudad por parte de D’Alessandro y la exespía de la AFI macrista, Silvia Majdalani.
Al respecto, la denuncia retoma las declaraciones que el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires emitió en un programa del canal Todo Noticias (TN), en las que afirmó que los intercambios y mails publicados vinculado a la licitación de chalecos antibalas “son falsos” y “armados”.
En la presentación Soria adjunta documentos oficiales de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) que confirman la veracidad de los correos electrónicos y “refuerzan la autenticidad de las publicaciones periodísticas a pesar de los esfuerzos del Sr. D’Alessandro por desmentirlas; y, por otro lado, acreditarían la connivencia entre éste último y Majdalani por diseñar una licitación para beneficiar a los principales interesados en hacerse del ‘negocio’”.
La sociedad D’Alessandro – Violante
Respecto de las fundadas sospechas por corrupción contra el licenciado Marcelo D’Alesandro, los legisladores porteños del Frente de Todos presentaron un proyecto para crear una comisión que investigue las contrataciones del Gobierno porteño con las empresas de Marcelo Violante, que opera el nogicio de las grúas hace más de dos décadas en la Ciudad de Buenos Aires.
Vale recordar que en los mensajes filtrados que originaron la denuncia de Soria, el empresario Violante ofreció, en 2019, varios pagos de entre 30 y 60 mil dólares al Ministro de Seguridad porteño a cambio de gestiones ilegales que beneficiaron a sus firmas de grúas y estacionamiento.
El servicio de acarreo en la Ciudad de Buenos Aires estuvo en manos de Dakota SA y BRD Sociedad Anónima hasta agosto del 2022, cuando se puso fin a la concesión tras la constitución del “frente antigrúas” conformado por el Frente de Todos, la Izquierda, La Libertad Avanza y Consenso Federal, es decir todos los bloques opositores de la Legislatura porteña.
“La posición es que D’Alessandro tiene que ser removido por Larreta porque la licencia que pidió no es suficiente. Si esto no sucede, vamos a seguir instando a todos los bloques a debatir en la Legislatura el juicio político”, afirmaron desde la bancada del Frente de Todos.
