Este lunes, el Gobierno nacional de Javier Milei introdujo una serie de modificaciones en el programa Acompañar, inaugurado en 2020 por el entonces presidente Alberto Fernández y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que buscaba brindar asistencia a las víctimas de violencia de género.
Es preciso mencionar que, si bien el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue cerrado por la administración de La Libertad Avanza, las políticas que se llevaban a cabo desde la cartera fueron absorvidas por Justicia, con lo cual el decreto que modifica el programa Acompañar para víctimas de violencia de género lleva la firma del propio Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del titular del Ministerio en cuestión, Mariano Cúneo Libarona.
En este contexto, a partir de ahora, las personas que requieran las prestaciones del programa Acompañar deberán acreditar la situación de riesgo por violencia de género con un informe de un organismo de atención oficial, que puede ser de gestión municipal, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Por otro lado, las modificaciones introducidas por la gestión de Milei en el programa para víctimas de violencia de género solicita la presentación de la denuncia judicial o policial de las mujeres o diversidades radicadas en el país con ciudadanía argentina y más de 18 años de edad que pidan el subsidio correspondiente.
En tanto, el Gobierno de Milei informó a través del decreto que la prestación económica del programa Acompañar consistirá en una “suma de dinero no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva por el valor de un salario mínimo vital y móvil, que se abonará durante tres períodos mensuales consecutivos a las mujeres y diversidades en situación de riesgo acreditada por violencia de género”.
Cabe recordar que, anteriormente para acceder a la asistencia económica del programa Acompañar bastaba con presentar un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias municipal, provincial o de CABA, una medida que iba de la mano con el cuidado de la integridad física y psicológica de las víctimas que se veían envueltas en una situación de violencia de género.
Además, el Gobierno redujo el tiempo durante el cual se cobrará la asistencia económica equivalente a un salario mínimo, vital y móvil. Antes, la normativa que llevaba la firma de Alberto Fernández y Elizabeth Gómez Alcorda establecía que este monto se cobraría durante seis meses, pero ahora el Ejecutivo dispuso que sea por un lapso de tres meses.
En sus considerandos, la nueva norma del Gobierno nacional remarca que el programa Acompañar se creó con el objetivo de “promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia de género, mediante el otorgamiento de una prestación económica y del fortalecimiento de redes de acompañamiento, destinada a cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias”.
Sin embargo, el decreto 755/2024 publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, respalda las modificaciones en el programa de asistencia a víctimas de violencia de género en los cambios de la ley de ministerios que introdujo La Libertad Avanza en mayo de este año, y la necesidad del Gobierno de “adoptar los mecanismos necesarios para que los recursos del Estado se gestionen con criterios de eficacia, eficiencia y economía”.
El Gobierno y las políticas de género
Es preciso recordar que, una de las principales promesas de campaña del ahora presidente Javier Milei fue la eliminación del ex ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que se oficializó a mediados de este año aunque dejó de funcionar el mismo 10 de diciembre, una decisión que va en línea con el pensamiento de la administración libertaria, que dispara contra todas las políticas de género.
Si bien el cierre del ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad era un hecho esperable, la primera medida polémica del Gobierno contra las políticas de género fue el anuncio que hizo el flamante vocero presidencial, Manuel Adorni, a finales de febrero, sobre la prohibición de la utilización de la E, la X, el arroba o “el femenino innecesario” en los documentos oficiales del Estado.
“Por decisión del presidente Javier Milei se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional”, dijo el vocero presidencial, y agregó: “No se va a poder utilizar la letra E, el arroba, la X, y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública”.
En consonancia con sus dichos, la semana pasada, la administración de Milei reformó la Dirección Nacional de la Línea 144 y otras áreas de asistencia y prevención contra la violencia de género, tras una profunda reestructuración de las áreas que ahora, dependen del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
De esta manera, la línea de atención telefónica y vía redes sociales continuará en funcionamiento, pero perdió jerarquía administrativa y funcional con el Decreto 735/2024, publicado en el Boletín Oficial con la firma de Milei y Cúneo Libarona, que quedará bajo la órbita de la Dirección de Fortalecimiento para el acompañamiento a las víctimas.
La medida se sumó a la fuerte reducción de personal de operadoras de la Línea 144, que disminuyó su capacidad de atención tras el ajuste del gasto público que se llevó a cabo en el Estado, y se posicionó como la principal área dependiente del ex ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que perdió más recursos humanos y económicos, con el despido del 80% de sus empleadas.
