Luego de 15 meses de su sanción, el Gobierno nacional reglamentó este lunes la Ley 27.669, que establece un marco regulatorio para la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, a partir de la cual se podrá producir alimentos y cosméticos, y al mismo tiempo, más de diez mil puestos de trabajo directos e indirectos en la Argentina.
De esta manera, la reglamentación de la ley que regula el uso del cannabis, determina también las condiciones que deberán cumplir los productores para obtener las licencias para poner en marcha el nuevo sector que se sumará al circuito de la economía nacional.
En este sentido, la ley 27.669 que regula la utilización del cannabis en distintos productos medicinales, busca establecer una cadena de producción y comercialización local, así como también la exportación de la planta, sus semillas y sus productos derivados.
En la misma línea, la ley que establece la regulación del uso medicinal del cannabis en los distintos productos, también tiene el objetivo de incentivar la investigación científica de la planta en la Argentina, y la utilización que se le puede dar a la misma en un proceso de industrialización.
Así, la reglamentación publicada este lunes establece el funcionamiento de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), del Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal y del Consejo Consultivo Honorario, que estará integrado por 20 miembros titulares e igual número de suplentes, de actuación ad honorem.
Asimismo, el Gobierno nacional reglamentó que se adoptará el sistema de Ventanilla Única para la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal para la gestión de trámites vinculados a la emisión de autorizaciones, licencias y certificaciones necesarias para producir con cannabis.
Según la reglamentación del cannabis, ese sistema tiene por objetivo principal “proporcionar una mayor eficiencia en las gestiones y trámites, unificar procedimientos administrativos y expedientes, dar intervención a los organismos con competencias específicas involucrados y facilitar el acceso y difusión de la información de manera homologada, estandarizada, actualizada e integrada”.
Por su parte, la ley de uso medicinal del cannabis determinó que la Ariccame será el organismo competente para “reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados”.
El marco regulatorio abarca también la “cadena de producción y comercialización nacional o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial, promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial”.
De esta manera, el Gobierno nacional estima que la industria cannábica generará en los primeros años unos 10 mil puestos de trabajo para una demanda de aproximadamente seis millones de usuarios de esta planta milenaria, y esa cifra solo apunta a los fines medicinales.
La idea inicial del Gobierno nacional es otorgar al menos unas 80 licencias antes de fin de año a través de la Ventanilla Única de la Agencia Regulatoria del Cannabis conformada a través de la reglamentación emitida este lunes, pero que comenzó a funcionar de manera oficial en enero del 2023.
