En las últimas horas, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, se reunió con el presidente y vicepresidente del Consejo de Víctimas de la provincia de Buenos Aires, Roberto Almeida y Emanuel Terrón, para aunar esfuerzos en la sanción de la ley de Scoring y avanzar con la reforma de la normativa de Asistencia a la Víctima, y admitió que “son dos deudas legislativas que se deben resolver con urgencia”.
“Una porque quiere fortalecer la seguridad vial y promover un cambio cultural en el tránsito. La otra porque busca garantizar los derechos y garantías de las personas que han sido víctimas de delitos, tanto en el ámbito penal como en situaciones de violaciones de derechos humanos”, precisó el diputado del Frente Renovador.
Según planteó Guerrera, en el recinto existe consenso en la necesidad de impulsar normas que atiendan a las dos problemáticas centrales, que son la siniestralidad vial y la falta de respuestas adecuadas del sistema judicial a las víctimas. Sin embargo, el debate no llega a las sesiones, y la aprobación de los proyectos se pospone cada vez que los ediles sesionan.
Cabe señalar que, el debate sobre el Scoring no es nuevo, ya que en mayo de 2023, el gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura un proyecto para adherir al Sistema Unificado de Puntaje vigente a nivel nacional desde 2011, en una propuesta que incluyó modificaciones específicas para la provincia y beneficios impositivos para los conductores que no sufrieran quita de puntos, como descuentos en la patente, la renovación de licencias o la Verificación Técnica Vehicular.
En septiembre de 2024, la Cámara de Senadores bonaerense otorgó la media sanción a la iniciativa del mandatario, que desde entonces espera tratamiento en Diputados. La norma establece un esquema progresivo de sanciones: cada conductor cuenta con 20 puntos iniciales que se descuentan de acuerdo con la gravedad de las infracciones, desde cuatro unidades por no respetar señalización hasta 20 por participar en picadas. Quienes lleguen a cero puntos quedarán inhabilitados de forma temporal y deberán realizar cursos de reeducación vial.
Por caso, el sistema prevé la posibilidad de recuperar puntaje mediante capacitaciones, con una distinción entre conductores particulares, que podrán hacerlo cada dos años, y profesionales, con una frecuencia anual, mientras que aquellos que transiten dos años sin infracciones recuperarán automáticamente los 20 puntos iniciales. Según legisladores y especialistas, la medida es clave para reducir las estadísticas de muertes viales, que superan las 7.000 al año en el país y rondan las 1.500 en la provincia.
El ex ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, fue uno de los principales impulsores del Scoring y defendió su implementación como herramienta eficaz para “premiar a quienes cumplen las normas y sancionar a quienes ponen en riesgo vidas”. El proyecto recibió apoyo transversal de bloques opositores y oficialistas en comisiones, y referentes como el senador Marcelo “Chuby” Leguizamón subrayaron la importancia de avanzar en una política integral de tránsito.
En paralelo, Guerrera insistió en que la reforma de la Ley de Asistencia a la Víctima debe ocupar un lugar prioritario en la agenda legislativa porque, pese a los avances logrados con la reglamentación de 2021, persisten reclamos de familiares y organizaciones que demandan mayor humanización en la relación con el Poder Judicial. El Consejo de Víctimas señala la necesidad de perfeccionar la figura del abogado de la víctima y de fortalecer la capacitación de los operadores judiciales.
En este contexto, Guerrera enfatizó que tanto la ley de Scoring como la reforma de la Asistencia a la Víctima responden a una misma lógica: mejorar la vida cotidiana de la ciudadanía, ya sea con una reducción de la siniestralidad vial o que las personas afectadas por delitos encuentren un Estado que las respalde. “Son pendientes que no admiten más demoras y que necesitamos saldar cuanto antes”, expresó.
Los nuevos desafíos que planteó Guerrera
En noviembre de 2023 se celebró el primer Congreso del Consejo de Víctimas en la Legislatura bonaerense, en el que funcionarios, magistrados y legisladores coincidieron en que “aún resta mucho por hacer” para garantizar un trato respetuoso y reparador a quienes atraviesan procesos judiciales.
En esa ocasión, el presidente del Consejo de Víctimas, Roberto Almeida, señaló que la ley significó un paso histórico, pese a que todavía falta incorporar plenamente la perspectiva de derechos humanos y de género.
Uno de los puntos centrales es la implementación efectiva del abogado de la víctima, figura creada por la norma provincial para representar intereses individuales en procesos penales. Según Almeida, tras algunos retrasos técnicos la figura comenzó a aplicarse con resultados positivos, aunque reclamó mayor especialización y acompañamiento interdisciplinario para evitar la revictimización.
En tanto, el Consejo también destacó avances en mecanismos de participación, como la consulta previa a las víctimas en juicios abreviados, que permite incorporar su mirada al proceso judicial. Esta práctica, dijeron sus integrantes, contribuye a la reparación simbólica y a mejorar la confianza en el sistema, aunque la cobertura territorial y el acceso a profesionales capacitados aún son desiguales en muchos distritos de la provincia.
