En un fallo sin precedentes en la provincia de Buenos Aires, la Justicia obligó al Municipio de Hipólito Yrigoyen de Luis Pugnaloni, a rendir cuentas sobre el destino de los fondos recaudados mediante la Tasa de Red Vial, luego de una importante demanda presentada por un grupo de productores rurales del distrito que cuestionaron la falta de transparencia en el uso del dinero, y denunciaron que la misma se convirtió en un “impuesto encubierto”.
La resolución judicial fue emitida el pasado 16 de julio por el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, a cargo del juez Pablo Cristian Germain, quien ordenó al Ejecutivo de Hipólito Yrigoyen presentar, en un plazo de 30 días hábiles, los balances y documentación detallada correspondientes a los últimos 48 meses, en respuesta a una serie de pedidos de acceso a la información pública que no habían sido respondidos por la administración local.
La acción judicial fue impulsada por el abogado Pablo Abdón a principios de mayo, en representación de un grupo de productores rurales de la zona de Henderson que le reclaman al intendente de Hipólito Yrigoyen explicaciones sobre cómo se calcula la Tasa de Red Vial, cuál es el monto total recaudado y en qué obras o servicios concretos se aplicaron esos fondos.
Según argumentan los denunciantes del jefe comunal de Unión por la Patria, en los últimos años los caminos rurales de Hipólito Yrigoyen empeoraron visiblemente, y el mantenimiento fue nulo, a pesar del constante aumento de la carga fiscal en el municipio. Por eso, uno de los principales puntos de conflicto radica en que muchas zonas rurales del distrito quedaron intransitables tras las intensas lluvias y anegamientos sufridos en los últimos meses, lo que derivó en grandes pérdidas productivas.
En ese sentido, los productores rurales de Hipólito Yrigoyen que llegaron hasta la Justicia, aseguraron que la falta de obras de drenaje y mantenimiento vial en la localidad demuestra un desvío de los fondos para fines distintos al que la Tasa de Red Vial está destinada legalmente.
En su fallo, el juez Germain destacó que “el acceso a la información pública constituye un derecho fundamental y una herramienta central para garantizar la transparencia de la gestión gubernamental y la rendición de cuentas”, al remarcar que los municipios están obligados a justificar el destino de los recursos públicos ante la ciudadanía, en especial cuando se trata de tasas que deben tener una contraprestación directa.
Es que, la Tasa de Red Vial es un tributo municipal que deben pagar los productores agropecuarios en función de la cantidad de hectáreas que poseen, ya que su objetivo declarado es financiar el mantenimiento de los caminos rurales, esenciales para el desarrollo de la actividad económica.
Sin embargo, en Hipólito Yrigoyen los productores advierten que la recaudación no se tradujo en mejoras en los caminos, incluso los mismos fueron empeorando con el correr de los meses, lo que motivó el pedido de acceso a la información pública, y en consecuencia a la falta de una respuesta, el inicio de la demanda judicial.
Por el momento, el intendente Pugnaloni no realizó declaraciones públicas sobre el fallo, aunque desde el entorno municipal de Hipólito Yrigoyen adelantaron que cumplirá con la orden judicial. Aun así, la controversia podría escalar políticamente, ya que el caso podría sentar jurisprudencia para otros distritos donde también hay reclamos por el manejo opaco de fondos provenientes de tasas similares.
Hipólito Yrigoyen: los reclamos de los productores rurales
Según los denunciantes, la Tasa de Red Vial de Hipólito Yrigoyen el año pasado aumentó alrededor de 130% sobre el 80% del 2023 y este año, 220%. ”Nos pareció que esa dinámica exponencial era también exorbitante, desubicada porque estaba por encima de muchos otros ítems”, explicó el productor Rafael Hary, socio de la Asociación Rural de Henderson.
Además de Hary, la denuncia a Pugnaloni fue firmada por sus colegas dedicados a las tareas rurales, Francisco Berisso, María Estela Odriozola, Teresa Manrique, Eduardo Otero, Fabián Pereyra Iraola, Juan Manuel Cánepa, María Gabriela Gamboa y Matías Julián Riveros.
Es que, en marzo los productores presentaron un pedido de informe a la Municipalidad sobre cómo se había llegado a la cifra del incremento. “La respuesta no dio precisiones y, entonces, avanzamos en mayo con la cautelar”, sintetizó Hary. “Como productores advertimos cuáles son nuestros derechos, de la importancia de la Ley de Información Pública. Estamos ejerciendo ese derecho, nada más”, completó.
