El extitular de la Dirección Nacional de Vialidad del gobierno de Cambiemos, y aspirante a la gobernación bonaerense 2023 en el armado de Patricia Bullrich, Javier Iguacel, fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública en una causa en la que se lo acusa de haber favorecido a un grupo de empresas al extenderles de forma irregular la concesión de siete corredores viales que atraviesan 11 provincias.
“Javier Iguael, con la asistencia del ex jefe de jurídicos de Vialidad, Ricardo Stoddart y el ex director ejecutivo del Occovi, Pablo Belenky, se interesó en los contratos de concesión analizados en miras a beneficiar a las empresas concesionarias, actuando de manera contraria a la prevista normativamente”, sostuvo el juez Sebastián Casanello en el fallo en el que procesó, sin prisión preventiva, a los tres exfuncionarios.
Entre las empresas supuestamente beneficiadas por las concesiones extendidas de forma irregular por Iguacel se encuentra la empresa IECSA, en su momento vinculada a la familia Macri, y otras grandes empresas vinculadas a las obra pública.
Fuentes judiciales indicaron que Iguacel fue señalado por el juez como presunto autor del delito, mientras que Stoddart y Belenky fueron sindicados como partícipes necesarios, en tanto que a los tres les fueron trabados embargos sobre sus activos hasta cubrir los 10 millones de pesos.
Procesan a Iguacel por negociaciones incompatibles con función pública: la causa
La causa contra Iguacel se inició a raíz de la denuncia presentada por Ana María Graciela Aleña el 16 de agosto de 2019, en su carácter de Secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina.
En esa presentación, Aleña sostuvo que, a partir de determinados actos de funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y del Ministerio de Transporte de la Nación, se habrían ampliado los plazos de los contratos de concesión de los Corredores Viales Nacionales de forma ilegal e irregular acción que, según su consideración, no solo había beneficiado a las respectivas empresas concesionarias, sino que también había perjudicado a la Administración Pública Nacional al privarle la posibilidad de obtener, con una nueva licitación, mejores condiciones de contratación.
Los hechos por los cuales se lo acusa a Iguacel sobre las irregularidades vinculadas a la prórroga contractual dictada en el año 2016 mediante la que se adjudicó el corredor vial 7 al corredor vial 3; las relacionadas con las prórrogas extraordinarias dictadas desde el año 2017 en adelante en los corredores viales 1 al 6 y 8; y aquellas concernientes a la licitación bajo modalidad de participación público-privada (PPP), llevada a cabo desde el año 2018 en adelante.
Una de las hipótesis indicaba que las extensiones irregulares de las concesiones por parte de Iguacel tuvieron por objetivo evitar la realización de nuevas licitaciones que redundarán en una demora para aplicar las PPP, que además le habrían implicado al Estados desembolsos más cuantiosos.
Iguacel procesado por negociaciones incompatibles con la función pública: las aspiraciones políticas
El actual intendente bonaerense de la localidad de Capitán Sarmiento es uno de los halcones de Patricia Bullrich, con los que la titular del PRO pretende hacer armado para ganarse en las PASO un lugar en las listas de Juntos por el Cambio en 2023.
De hecho, en marzo, luego de que Florencia Arietto se pasara al bando de las palomas de la mano de Diego Santilli, Bullrich organizó una corriente propia en la provincia de Buenos Aires con la que le competirá al actual diputado nacional en territorio bonaerense. El elegido para esa disputa es Iguacel.
Si bien últimamente el exministro de Macri mantine un perfil bajo, cuando se anotició del procesamiento el día martes, horas después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara las planteos de la vicepresidenta Cristina Kirchner en otro expediente en el que se investigan supuestos delitos vinculados a la Dirección de Vialidad, salió a hacer cojeturas en redes sociales.
“Justo hoy me procesaron por una denuncia de la secretaria sindical de Vialidad por el proceso licitatorio de autopistas mediante PPP. Otra vez apelaremos con pruebas y testigos. Continuaremos dando la batalla por la verdad esperando q se haga justicia. No somos todo lo mismo”, posteó Iguacel.
Es este contexto, la carrera a la gobernación de Iguacel podría correr peligro, porque de tener sentencia firme, el código penal establece que “el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo” es ” reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua”.
