Diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) presentaron en las últimas horas una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por intervenir y manipular el dato de inflación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
La presentación la realizaron los legisladores Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca contra Caputo por violar los deberes de funcionario público, los secretos de confidencialidad y la falsificación de documentos públicos, luego de informar el dato de inflación de enero, pese a que no se había dado a conocer de forma oficial.
“Publicó un mensaje desde su cuenta en la red social X en el que reconoció la diferencia de resultado de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según la forma de cálculo que se aplique y adelantó el resultado del cálculo de enero de 2026 antes de que fuese informado de manera oficial“, alegaron los legisladores.
Frente a esta situación, los diputados nacionales de la bancada de Unión por la Patria remarcaron que las declaraciones del titular de Economía en torno al índice de precios al consumidor implicaron una violación del secreto estadísticos, previsto en los artículos 13 y 17 de la Ley 17.622.
Además, los legisladores advirtieron que Caputo intervino políticamente en el organismo luego de ordenar que se mantenga el cálculo del IPC basado en la canasta de consumo de 2003/2004, a pesar de que el ex titular del INDEC, Marco Lavagna, había ponderado nuevos bienes y servicios.
Es que, tras la renuncia del funcionario, el ministro de Economía ratificó a Pedro Lines al frente del organismo y definió no aplicar la nueva medición del IPC, que ajustaba la ponderación de los bienes y servicios a los patrones de consumo actuales, a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2017/2018.
“Esta decisión del ministro Caputo, tal como declaró públicamente, busca postergar el nuevo índice hasta tanto culmine la recomposición tarifaria que tendría especial impacto en los precios al consumidor”, señalaron los diputados nacionales, respecto de la decisión que provocó la renuncia de Lavagna al frente del INDEC.
En ese marco, los opositores señalaron que el titular de la cartera económica “cometió actos contrarios a la Ley 17.622 que rige el funcionamiento del INDEC y del servicio estadístico nacional. Se trata de una conducta que demuestra abuso de autoridad“.
“Lo expuesto determina graves consecuencias sociales, económicas y políticas, impactando en la fórmula de cálculo previsional para jubilaciones, pensiones y asignaciones, así como en la negociación colectiva dispuesta por los acuerdos paritarios públicos y privados”, concluyeron en los fundamentos de la denuncia los legisladores nacionales.
Vale señalar que, por la centralidad del INDEC, el ordenamiento jurídico estableció un sistema normativo orientado a garantizar la independencia técnica del organismo estadístico, prohibiendo cualquier interferencia política en la producción, validación y difusión de datos oficiales, lo que motorizó a los diputados a erradicar la denuncia, que recayó en el Juzgado Nacional Federal N°8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.
A días del nuevo IPC, Lavagna presentó su renuncia al INDEC
El INDEC confirmó la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del organismo, en un momento sensible para la difusión de los nuevos datos de inflación. La salida se produjo pocos días después de la implementación de la nueva metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y abrió un escenario de incertidumbre interna.
Vale precisar que el economista asumió al frente del INDEC, el 30 de diciembre de 2019, durante la administración de Alberto Fernández, y atravesó una etapa marcada por la continuidad en la normalización de las estadísticas públicas. En ese marco, la gestión de Marco Lavagna sostuvo una línea de transparencia estadística, tras años de intervención que afectaron la credibilidad de la institución.
La renuncia de Lavagna coincidió con un momento clave para el organismo, atravesado por la puesta en marcha del IPC renovado. En tanto, la actualización incorporó la clasificación COICOP 2018, amplió a 13 las divisiones de relevamiento y sumó el rubro “Seguros y servicios financieros”.
En paralelo, la noticia generó preocupación dentro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que salió a advertir sobre el impacto institucional de la salida. “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a ocho días de la salida del IPC con la nueva ponderación”, expresó el delegado gremial Raúl Llaneza, quién volvió a reclamar un organismo independiente del poder político.
Durante las últimas semanas, el Ejecutivo libertario avanzó con una batería de cambios en áreas estratégicas de la administración pública, que quedaron formalizados a través de los últimos decretos publicados en el Boletín Oficial. La actual conducción nacional aceptó renuncias y concretó nuevas designaciones en organismos clave, en el marco de un proceso de reordenamiento interno.
