viernes, febrero 3, 2023

Intendentes peronistas salieron a respaldar el juicio político a la Corte

A través de un comunicado, los intendentes peronistas manifestaron su "total apoyo" al inicio del juicio político a la Corte en el Congreso.

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Luego de la reunión mantenida con el presidente Alberto Fernández en Chapadmalal, Intendentes del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires manifestaron su “adhesión” al pedido de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia por “mal desempeño en sus funciones” impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores.

En ese sentido, los intendentes peronistas manifestaron su “total apoyo a la decisión del presidente Alberto Fernández y los gobernadores de 11 provincias” de “solicitar al Congreso de la Nación” el inicio de un proceso de juicio político a la Corte.

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A través de un comunicado, los jefes comunales recordaron que el pasado 21 de diciembre la Corte Suprema de Justicia “dictó un fallo estableciendo una medida cautelar en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en relación con los fondos de la coparticipación federal.

El reciente fallo de la Corte dispuso que el Gobierno nacional aumente de 2,32% a 2,95% el volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, administrada por Horacio Rodríguez Larreta. Ante esto los intendentes peronistas indicaron que ese porcentaje “es más del 1,5% de lo establecido por la ley 27.606”.

Asimismo, los intendentes peronistas justificaron el pedido de juicio político a la Corte en base a la filtración de chats privados entre el ministro de Seguridad y Justicia de CABA en uso de licencia, Marcelo D´Alessandro y Silvio Robles, colaborador del presidente del máximo tribunal de justicia, Horacio Rosatti.

“Estos chats se suman a aquellos conocidos semanas atrás por el viaje a Lago Escondido compartido por miembros del Poder Judicial, funcionarios de Cambiemos, espías retirados y directivos del grupo Clarín”, agregaron los intendentes peronistas.

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Para los jefes comunales bonaerenses del Frente de Todos, ambos sucesos son “de altísima gravedad institucional”. “Ponen en tela de juicio la ‘presunta’ independencia de los jueces que conforman el máximo tribunal de justicia de la nación”, subrayaron.

Sobre el final del texto, destacaron que ante “la gravedad político institucional de estos acontecimientos” se ven “obligados, tanto por nuestra responsabilidad como representantes de millones de bonaerense damnificados por esta medida, como por nuestra más íntima convicción democrática y republicana a dar nuestro absoluto apoyo al pedido de juicio político a la Corte”.

Juicio político a la Corte: qué pasa en el Congreso

De acuerdo a lo que trascendió, una comisión ad hoc comenzaría a trabajar durante el período de sesiones extraordinarias en el marco de un largo proceso que probablemente culmine sin el resultado deseado por el oficialismo, puesto que carece de las mayorías calificadas necesarias en ambas cámaras del Congreso nacional.

No obstante, el Frente de Todos cuenta con la ventaja inicial de que en la comisión de Juicio Político presidida por Gaillard hay 16 integrantes del oficialismo sobre un total de 31, lo que le garantiza la mayoría simple para iniciar las actuaciones legisaltivas contra los cuatro magistrados del Máximo Tribunal.

Con ese número, el Frente de Todos podrá abrir un sumario e iniciar la acusación formal por “mal desempeño en sus funciones” contra Rosatti y los otros tres cortesanos: el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, y Ricardo Lorenzetti.

El oficialismo espera sustanciar con elementos de prueba su postura y de esa manera lograr que no solamente sean los 116 diputados propios quienes acompañen el dictamen. Para aprobar la formación de la causa impulsada por Alberto Fernández, necesitarán de una mayoría calificada de dos tercios de los miembros presentes. 

En caso de que la Cámara de Diputados apruebe el dictamen, el siguiente paso se daría en la Cámara de Senadores, la cual también requiere de una mayoría de dos tercios, en este caso para declarar culpables a los jueces de la Corte Suprema y desafectarlos del Máximo Tribunal, algo que resulta poco probable por la resistencia de Juntos por el Cambio.

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