El senador bonaerense de Fuerza Patria, Mario Ishii, presentó un proyecto de ley para declarar “la Emergencia Alimentaria y Nutricional”, en la provincia, instando así al gobernador Axel Kicillof a incrementar las partidas presupuestarias destinadas a comedores comunitarios y programas de asistencia.
En ese sentido, la iniciativa del senador alineado con el kirchnerismo apunta a que el Ejecutivo bonaerense “reasigne sus recursos con criterios de estricta prioridad social”, mientras dure el plazo de 18 meses de emergencia alimentaria, según establece el proyecto.
Si bien Ishii centró sus críticas al gobierno nacional de Javier Milei por la pérdida del poder adquisitivo, el aumento del precio de los alimentos y el endeudamiento de los hogares vinculado directamente a la subsistencia, el legislador también deslizó cuestionamientos a la gestión bonaerense. “La emergencia constituye una respuesta institucional urgente frente a un contexto de agravamiento del hambre y la desigualdad”, afirmó.
En detalle, la declaración de la emergencia alimentaria instruye al gobierno de Kicillof a incrementar “en forma inmediata y progresiva” las partidas presupuestarias destinadas a comedores escolares, servicios alimentarios escolares, comedores comunitarios y programas de asistencia alimentaria directa, como así también una actualización bimestral automática en línea con la inflación.
Asimismo, el articulado elevado por el vicepresidente de la Cámara alta establece la creación del Fondo Provincial de Emergencia Alimentaria y Nutricional, integrado por partidas asignadas en el presupuesto provincial, aportes extraordinarios del Tesoro, recursos provenientes de organismos internacionales y donaciones.
“La provincia de Buenos Aires no solo tiene la facultad, sino el deber jurídico indelegable de intervenir. El artículo 36 de la Constitución provincial consagra la justicia social y obliga a garantizar condiciones dignas de vida, incluyendo el acceso a la alimentación”, fundamentó Ishii.
Por último, el intendente en uso de licencia de José C. Paz planteó la creación de una comisión Bicameral de carácter consultivo, de seguimiento y control para la emergencia alimentaria y nutritiva (integrada por cinco senadores y cinco diputados), la cual “podrá requerir informes al Ejecutivo y practicará las observaciones, propuestas y recomendaciones”.
De esta manera, el texto establece que el Gobierno deberá remitir trimestralmente a la Legislatura bonaerense un informe detallado sobre ejecución presupuestaria, alcance de los programas alimentarios, cantidad de beneficiarios e indicadores nutricionales.
En las últimas horas, el Ejecutivo bonaerense elevó un reclamo al Ministerio de Capital Humano nacional para exigir la normalización de una deuda y mayores recursos para sostener los programas alimentarios escolares, en particular al programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA). La respuesta de cartera que lidera Sandra Pettovello fue tajante: rechazó de plano la existencia de cualquier deuda y sostuvo que no tiene responsabilidad alguna en el financiamiento de programas que considera de “competencia provincial”.
Justamente, este martes el gobierno de Kicillof confirmó este martes un aumento del 30% de la inversión mensual en la Servicio Alimentario Escolar (SAE), el cual pasará de $41.000 millones a $54.000 millones, y la duplicación de asistencia alimentaria a municipios por medio del refuerzo del Módulo Alimentario Territorial (MATE). En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Social suspendió por tres meses la implementación del programa MESA para costear estas sumas.
En rigor, el Servicio Alimentario Escolar constituye una herramienta central de política pública, ya que alcanza a más de 2.400.000 niños, niñas y adolescentes en más de 11.000 establecimientos educativos distribuidos en los 135 distritos bonaerenses. Asimismo, el programa MESA es complementario al SAE, dado que fue creado durante la pandemia para entregar un módulo de alimentos a los niños, niñas y adolescentes con dificultades económicas.
