En las últimas horas, el juez federal, Julián Ercolini, dictó la inhibición general de bienes para el ex presidente Alberto Fernández en el marco de la causa en la que está implicado quien fue dirigente del Frente de Todos por los seguros del Banco Nación. De esta manera, el ex mandatario no podrá disponer libremente de su patrimonio, aunque la medida no afecta la jubilación que recibe por haber llevado las riendas del país entre 2019 y 2023.
Según informaron desde el despacho de Ercolini, la inhibición general de bienes impone un virtual letargo civil para la vida económica de Alberto Fernández, ya que dispone “el congelamiento de todas las inversiones y plazos fijos” y datos sobre “si han adherido, aún de forma condicional, alguno de los sinceramientos fiscales y/o al sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional y/o extranjera y demás bienes en el país y en el exterior, incluyendo también a sus familiares”.
En este sentido, Ercolini dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre todos los productos financieros de Alberto Fernández, y le pidió al Banco Central que le requiera “información a entidades bancarias, financieras, agencias y casas de cambio” respecto de los movimientos del ex presidente del Frente de Todos desde el año 2009 hasta la fecha.
Es preciso mencionar que, esa información solicitada por el juez respecto de los movimientos financieros de Alberto Fernández abarca la “totalidad de operaciones pasivas tales como números de cuentas corrientes y/o cajas de ahorro en pesos y/o en moneda extranjera, como también los extractos con los movimientos desde su apertura a la fecha”.
Asimismo, Ercolini recibirá en su despacho la “documentación obrante de Alberto Fernández en las respectivas carpetas de clientes, legajo comercial o legajo legal”, con el fin de “contar con todos los informes presentados por el cliente al solicitar el producto”. La medida comprende incluso “cuentas que estén cerradas en la actualidad y/o que no hayan registrado movimiento”.
El juez Ercolini también ordenó la remisión de información sobre “operaciones de plazo fijo en pesos y/o moneda extranjera, operaciones activas crediticias de cualquier índole, préstamos hipotecarios y prendarios, descuentos de documentos, transferencias ordenadas o recibidas y/o giros emitidos y recibidos”.
Además, en el caso de que se detecte que Alberto Fernández posee cajas de seguridad, las autoridades judiciales deberán proceder a “franjar” e impedir el acceso a ellas en el marco de la disposición que dictó Ercolini sobre la inhibición general de bienes del ex presidente del Frente de Todos.
El juez Ercolini también pidió conocer la existencia “de algún fondo común de inversión”, así como la “compra venta de moneda extranjera, compra venta de oro amonedado y/o barras de buena entrega, adquisición de tarjetas de crédito y/o débito, con copia de los resúmenes correspondientes, y operaciones pignoraticias (préstamo con bienes como garantía)”.
En última instancia, el juez Ercolini le pidió a la Oficina Anticorrupción, con carácter de urgencia, las declaraciones juradas anuales integrales, tanto públicas como privadas, del ex presidente Alberto Fernández y los demás investigados en la causa por los seguros del Banco Nación.
