El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, en las últimas horas pidió que se investigue la denucia que formuló el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, contra Silvio Robles, el vocero del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, por los denominados chats del escándalo.
Ramos Padilla resolvió que “no es posible dictar el archivo” de la denuncia realizada por Kicillof, tal como resolvió hacer en Comodoro Py el juez Sebastián Ramos, con otro expediente abierto por el intercambio de mensajes entre Robles y D’Alessandro relacionados con los fallos del Máximo Tribunal sobre la coparticipación y la integración del Consejo de la Magistratura.
A contramano de Ramos, el juez Ramos Padilla argumentó que no hay “elementos de prueba serios que permitan afirmar que las comunicaciones de Robles y D’Alessandro provienen de acciones de espionaje ilegal”. Vale recordar que, su colega, en Comodoro Py, desestimó el otro expediente al sostener que los chats surgieron de una operación de inteligencia clandestina.
La postura de Ramos Padilla forma parte de una resolución en la que se declaró incompetente en el caso de los chats del escándalo, y se lo giro a la jueza María Eugenia Capuchetti, que ya acumuló las denuncias de dos gobernadores, Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja).
Además, Ramos Padilla hizo un repaso de las denuncias realizadas sobre los chats del escándalo. En ese sentido, el magistrado sostuvo que la del gobernador Zamora fue la primera, previa a la que resolvió el juez Ramos, que se inició después con una extraña presentación del abogado Gastón Marano, que oficia de defensor del líder de la banda de los copitos, Gabriel Carrizzo, en el expediente que investiga el atentado contra Cristina Kirchner.
“Un juzgado y una fiscalía de feria, sin siquiera incorporar ni valorar las presentaciones hechas por los gobernadores y lo actuado en las otras causas duplicadas en trámite, habilitaron la feria judicial y dispusieron el inmediato archivo de las actuaciones”, cuestionó Ramos Padilla.
El juez también advirtió que se deben aplicar mecanismos para que no haya duplicación de causas por cuestiones de “conexidad” y, en particular, “para evitar las arbitrariedades que pueden sucederse a partir de ello”.
Asimismo, Ramos Padilla aclaró que “no existen controversias acerca de que el hecho denunciado se ha iniciado, transcurrido y consumado en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, más allá de que, como planteó Kicillof, pudieran tener efecto en las provincias.
El recorrido por el que llegó la causa al juez Ramos resulta más que sugerentes, pues la denuncia de Marano le había tocado por sorteo al juez Ariel Lijo, que estaba de vacaciones. Intervino, como subrogante, María Servini, pero se excusó por entredichos con D’Alessandro vinculados a su custodia.
No está claro cómo ni por qué la Cámara Federal volvió a sortear un juzgado: es decir, le sacó la causa a Lijo en lugar de designar un nuevo suplente. Entonces llegó al juzgado de Capuchetti, que se tomaba vacaciones al día siguiente, y no hizo nada. Tampoco se excusó, pese a trabajar para el Instituto de Seguridad Pública de CABA, que depende de D’Alessandro.
Entonces la subrogó Julián Ercolini, que tampoco se excusó pese a que viajó con el ministro porteño a Lago Escondido, pero dejó pasar los días. El siguiente era Ramos, que tardó 24 horas desde que comenzó a intervenir en resolver el archivo. Las denuncias de Quintela y Zamora se sortearon llamativamente recién el 30 de enero.
Con este trasfondo, la resolución de Ramos Padilla se refiere a la acusación de Kicillof por posible tráfico de influencia e incumplimientos de los deberes de funcionario público, pero hace un llamado de atención sobre el fallo de Ramos firmado en medio de la feria, basado en un dictamen del fiscal Carlos Stornelli que señalaba que invocaba otra denuncia de D’Alessandro alegando que las filtraciones eran producto de espionaje ilegal, a lo que el dúo le dio crédito.
Sobre la feria, Ramos Padilla recordó que se habilita en forma excepcional, cuando hay detenidos, para evitar la dispersión de pruebas, en acciones de habeas corpus o de amparo, prescripciones y medidas urgentes. Como es sabido, Ramos y Stornelli no tomaron medidas de investigación. Ramos Padilla señaló que él habilitó la feria solo para establecer cuántas causas en trámite con el mismo objeto había y contó cinco. Elmagistrado también subrayó que la fiscala Laura Roteta sostuvo que se trata de un caso de “gravedad institucional”.
Acerca del espionaje, el juez Ramos Padilla fue contundente: “Con las probanzas acumuladas a este expediente, no me es posible dictar el archivo de las actuaciones, tal como ocurrió” con la causa de Ramos. Elmagistrado dijo que la fiscalía tampoco lo pidió ni hay pruebas de tal actividad ilegal y recordó que el espionaje ilegal según la ley 25.520 se produce cuando es el Estado a través de algún/os funcionarios públicos el que participa en la actividad de espiar que “al menos de momento no ha sido verificada”.
Ramos Padilla agregó que tampoco debería ser archivada la causa “hasta tanto no se culmine con el procedimiento previsto en el artículo 53 de la Constitución Nacional”, es decir el juicio político iniciado en la Comisión de Juicio Político de la Cámara Diputados. Allí hay acusaciones por mal despeño contra los jueces supremos vinculadas a la negociación e intercambio de información sobre fallos y las consecuencias de la decisión de la Corte, que fijó en una medida cautelar un porcentaje (2,95 por ciento) que debe transferir el Estado Nacional a favor del Gobierno porteño. Las denuncias señalan la intromisión en las competencias de otros poderes.
La denuncia de Kicillof planteaba que la medida cautelar favorable a CABA por la coparticipación, precedida por diálogos de Robles con D’Alessandro, “atenta contra el federalismo y la democracia” y “si bien afecta a todas las provincias, impacta de modo especialmente negativo en la Provincia de Buenos Aires, habida cuenta de que resulta la jurisdicción más perjudicada por el sistema de coparticipación federal”. Cuestiones similares aparecen en las otras denuncias.
Según Ramos Padilla, de la Constitución se desprende que hay que evitar que intervenga un tribunal inferior cuando hay “un marcado interés de las provincias”. Los cierto es que si este asunto fuera a parar a la Corte habría otro entuerto, ya que los supremos se deberían excusar.
