La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, que trata el proyecto de remoción a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, reanudará sus audiencias el próximo martes 11 de abril, con la citación del exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.
Garavano, había sido citado la semana pasada como testigo en la comisión que preside la diputada oficialista Carolina Gaillard, pero ante la “imposibilidad de concurrir” reprogramó la audiencia. Tal como lo hiciera el exviceministro de Justicia, Santiago Otamendi.
Asimismo, Gaillard convocó para la quinta reunión testimonial de la comisión que analiza el juicio político a la Corte a los periodistas Irina Hauser, Luciana Bertoia, Martín Granovsky, Silvana Boschi e Ignacio Miri.
Cabe destacar que, la convocatoria a los periodistas fue propuesta por el Frente de Todos para que ratifiquen lo expresado en artículos periodísticos sobre la secuencia que precedió al “fallo Muiña” (2×1) de la Corte Suprema, con el aval de tres de los cinco magistrados que en ese momento integraban el máximo tribunal.
La intención del oficialismo es hurgar en la hipótesis de un presunto “arreglo” de esa decisión del máximo tribunal entre la anterior gestión y el juez Carlos Rosenkrantz, con la influencia sobre el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco.
Vale recordar, que el fallo “2×1” fue dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, pero ya había sido sancionada por el Congreso en 1994. La norma determinó que, después de haberse cumplido dos años de una prisión preventiva, “se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión”.
En otras palabras, el computo “2×1” establecía que, luego de que se transcurran esos dos años de prisión preventiva, el período posterior se contabilizaba como parte de la pena impuesta, con el objetivo de dar un plazo razonable a los procesos penales y reducir el impacto de la prisión condena.
No obstante, la ley fue derogada en 2001, hasta que la Corte Suprema de Justicia la volvió a dictar. Pero, luego de protestas sociales y boicots de tribunales de todo el país que se negaron a adherir al fallo, el 4 de diciembre de 2018, el máximo Tribunal decidió dar marcha atrás y revertir la sentencia.
Es preciso mencionar que, en el último encuentro de la comisión de Juicio Político de la Cámara baja tampoco asistieron Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador judicial del gobierno de Cambiemos, y el senador nacional José Torello, exjefe de asesores de Mauricio Macri.
La situación de “Pepín” Rodríguez Simón es bastante particular. Interpol le explicó a la comisión de Juicio Político que las alertas rojas sobre “Pepín” Rodríguez siguen activas pero, como tiene un pedido de refugio que se está tratando en la justicia uruguaya y que cuenta con una instancia de apelación, no se puede realizar una captura internacional.
Quienes sí expusieron fueron la funcionaria de la vocalía de Rosenkrantz; María Ángeles Ramos, el fiscal titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad; Gladys Cuervo, única sobreviviente del centro clandestino de detención conocido como El Chalet, donde actuaba Muiña; y Zulema Chester.
En esa línea, Zulema Chester, hija de Jacobo Chester, secuestrado y torturado por Muiña, afirmó que “la Corte Suprema quiso en la figura de él, nunca entendí por qué, lo hayan elegido para estar en el 2 x1, que nos cayó muy mal”.
En el marco del proceso, las autoridades de la comisión de Juicio Político pidieron al Procurador General interino, Eduardo Casal, que se tomen las “medidas disciplinarias correspondientes” contra el fiscal federal Carlos Stornelli, ante la renuencia del funcionario a concurrir a dar testimonio presencial ante el organismo parlamentario.
