La determinación del juez civil y comercial federal, Alejandro Patricio Maraniello, que prohibió la difusión de los supuestos audios de Karina Milei grabados en Casa Rosada, generó un fuerte cimbronazo político. Mientras que desde el oficialismo celebraron el fallo, la oposición lo calificó como un caso de “censura previa” incompatible con la Constitución.
El diputado socialista, Esteban Paulón, acompañado por Mónica Fein, presentó un proyecto en la Cámara baja para interpelar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La iniciativa busca que la funcionaria explique los motivos de los allanamientos solicitados contra periodistas, a quienes el Gobierno acusa de ejecutar una “operación de inteligencia ilegal”. “Que mentir no sea gratis”, apuntó Paulón, que acusó a la ministra de “hostigar a quienes investigan”.
En paralelo, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) difundió un comunicado en el que rechazó la cautelar de Maraniello y reclamó que se revierta la medida por considerarla un “acto de censura previa”. La organización también pidió al Gobierno que cese el “acoso contra periodistas y medios” y recordó que el derecho a informar sobre asuntos de interés público está protegido por la Constitución.
Desde la izquierda, Myriam Bregman fue categórica: “Se ejerce censura previa en el país de la libertad”. La dirigente sostuvo que la medida judicial “viola la Constitución y tratados internacionales” y la vinculó con las denuncias por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “Todo ilegal”, cerró la candidata.
Por su parte, el jefe de Estado, Javier Milei, se limitó a replicar un mensaje de la vocería presidencial en el que se denunció la existencia de una “operación de inteligencia ilegal con presunta influencia extranjera”. En ese marco, el vocero Manuel Adorni celebró el fallo: “Reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no de un caso de libertad de expresión”.
Las críticas más duras provinieron desde la oposición parlamentaria, de hecho el diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, consideró la cautelar como “censura previa prohibida por la Constitución” y cuestionó al magistrado: “Un juez denunciado por abuso sexual, acoso laboral y maltrato decide qué puede o no puede publicar la prensa”.
El senador nacional de la UCR, Martín Lousteau, también fue contundente y calificó como “un acto de autoritarismo sin precedentes” el pedido de allanamiento a medios. “Busca violar el secreto de las fuentes en medio de graves denuncias de corrupción. La libertad de prensa y el secreto de las fuentes están protegidos por la Constitución”, recordó el legislador radical.
En la misma línea, referentes del peronismo como Germán Martínez, Victoria Tolosa Paz y Juliana Di Tullio acusaron al Gobierno de utilizar a la Justicia para “avanzar sobre la libertad de prensa”. “La cautelar dispuesta por el juez Maraniello avala la censura previa y legitima el cercenamiento de la libertad de expresión en sintonía con los deseos del Gobierno de Milei”, advirtió Martínez.
La medida por los audios de Karina Milei
El fallo de Maraniello llegó tras la difusión de audios que involucrarían a la secretaria general de la Presidencia en un presunto entramado de negociaciones por coimas en el área de Discapacidad. Los registros fueron publicados en el canal de streaming Carnaval, lo que derivó en una denuncia inmediata del Gobierno nacional.
La cautelar prohibió su difusión sin un plazo definido, lo que para la oposición constituye un precedente de gravedad institucional. “El juez ni siquiera escuchó los audios de Karina Milei y decidió prohibirlos por si las dudas”, cuestionó Ferraro.
La polémica se agudizó con los antecedentes del magistrado. Maraniello enfrenta nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura, entre ellas cinco por acoso sexual a empleadas de su juzgado. La Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial llegó a solicitar presencia policial permanente en su tribunal para garantizar la integridad del personal.
En ese marco, legisladores como Esteban Paulón y Myriam Bregman advirtieron que el fallo se inscribe en un “enjambre legal” impulsado por el oficialismo para frenar el escándalo político que estalló en torno a la Casa Rosada.
