El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrió un nuevo camino de disputa con la administración de Javier Milei con su decisión de inscribir a la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) en la licitación del Ejecutivo libertario para concesionar casi 1.900 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan la región bonaerense, en una jugada que reaviva la disputa por el modelo de gestión de la infraestructura vial y suma tensión política al proceso de privatización.
La iniciativa se enmarca en la Red Federal de Concesiones (Etapa II), oficializada por el Ministerio de Economía mediante la Resolución 174/2026, que apunta a transferir a manos privadas rutas nacionales actualmente administrados por Corredores Viales S.A., mientras que desde La Plata califican la presentación de la firma bonaerense como una “decisión política” frente al deterioro de las trazas y la paralización de la obra pública nacional.
De esta manera, AUBASA, que hoy gestiona la Autopista Buenos Aires–La Plata, la Autovía 2 y otras rutas provinciales, se presentó como oferente en los tramos Sur-Atlántico-Acceso Sur y Pampa, y de ese modo se incorporó a una compulsa donde también participan constructoras vinculadas a grupos empresarios de peso, en un proceso que no solo definirá la administración de corredores estratégicos sino que además impactará en el esquema tarifario.
Es que, el tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur comprende 1.325 kilómetros e incluye la autopista Riccheri–Ezeiza–Cañuelas y sectores de las rutas nacionales 3, 205 y 226, donde compiten once firmas, entre ellas la empresa provincial. Por su parte, el corredor Pampa abarca 546 kilómetros de la Ruta Nacional 5 entre Luján y Santa Rosa, y también cuenta con la participación de AUBASA para su licitación.
Por caso, el esquema de adjudicación que llevará a cabo el Gobierno para la concesión de las rutas nacionales replica el sistema de doble sobre, es decir, primero se evalúan los antecedentes técnicos y financieros y luego, solo las firmas calificadas acceden a la apertura del segundo sobre con las propuestas tarifarias, con pliegos que establecen valores tope que podrían impactar de lleno en el bolsillo de los usuarios si se concretan en los niveles máximos previstos.
En la actualidad, el Acceso Sur, que comprende 50 kilómetros de la autopista Riccheri–Ezeiza, el peaje máximo para autos fue fijado en $2000 por cabina frente a los $1500 actuales, mientras que en el subtramo Sur, de 870 kilómetros de las rutas nacionales 3 y 205, el tope llegará a $4000 por pasada, más del doble del valor vigente. En tanto, en el tramo Atlántico de la Ruta 226 también se estableció un máximo de $4000 junto con la previsión de una nueva cabina en Vallimanca.
Por su parte, en el corredor Pampa de la Ruta Nacional 5 el peaje podría alcanzar los $4100 cuando hoy ronda los $1500, al tiempo que se sumarían diez nuevas estaciones y las cabinas deberán reconvertirse en “vías mixtas” con pago manual y automático, con la particularidad de que quienes no utilicen TelePase abonarán el doble de la tarifa, y si las ofertas quedan por debajo del tope la concesión será por 20 años adjudicándose a la tarifa más baja, aunque si todas cotizan el máximo permitido se impondrá la empresa que solicite el menor plazo con un límite de hasta 30 años.
En tanto, desde el Gobierno de Kicillof sostienen que la presentación de AUBASA responde al arduo kilometraje de los corredores dentro del territorio bonaerense y al deterioro acumulado tras la paralización de la obra pública nacional, mientras que el presidente de la compañía, José Arteaga, explicó que se trata fundamentalmente de una decisión política basada en la experiencia de más de 11 años de la empresa en concesiones de mantenimiento vial.
Al mismo tiempo, Arteaga advirtió que la interrupción de obras públicas en todo el país, y particularmente en la provincia de Buenos Aires, genera consecuencias graves en la seguridad y señaló que, de superar el filtro administrativo, AUBASA podría ofertar peajes por debajo de los privados, en un escenario donde no descartan acudir a la Justicia mediante una cautelar si se produjera una exclusión por cuestiones formales que interpreten como represalia política.
Rutas nacionales: el impacto de la privatización en la Provincia y la estrategia de Kicillof
En enero, el Ejecutivo de Milei había puesto en marcha el proceso para concesionar 1.871 kilómetros adicionales en el marco de la Etapa II, en el que incluyó rutas nacionales troncales como la 3, la 5 y la 205, claves para la conexión del Área Metropolitana de Buenos Aires con el interior bonaerense. Esos corredores pasan a menos de 100 kilómetros de La Plata y son utilizados diariamente por vehículos particulares y transporte de cargas.
Es preciso mencionar que, la política se inscribe en una estrategia iniciada semanas antes con la firma de los contratos correspondientes a la Etapa I, que abarcó 741 kilómetros. Con esa instancia en ejecución, la administración nacional amplió el alcance del esquema mediante nuevos pliegos y llamados públicos.
Según la documentación oficial, el modelo de concesión prevé no solo la explotación de las rutas nacionales sino también la ejecución de obras, mejoras estructurales y tareas de mantenimiento integral, bajo control estatal y con financiamiento proveniente de peajes. En tanto, la inclusión de rutas bonaerenses de alto tránsito dentro de este esquema implica un reordenamiento en la gestión de la infraestructura vial nacional, con efectos directos sobre la conectividad regional, la logística productiva y el transporte interurbano.
En este contexto, el Gobierno de Kicillof tomó la decisión de incorporar AUBASA al abanico de ofertantes para concesionar las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de evitar que las mismas pasen a manos privadas y generen un fuerte impacto en el bolsillo de los bonaerenses que transitan las vías a diario, ya sea por cuestiones laborales o meramente turísticas.
