Este jueves, con el aval del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, oficializó un endurecimiento de los controles sobre los municipios para acceder al dinero del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal destinado exclusivamente a financiar obras, en medio del creciente reclamo de los intendentes de todos los espacios políticos para que esos recursos sean de libre disponibilidad.
Es preciso mencionar que, la decisión del Gobierno provincial se conoció el mismo día en que los intendentes volverán a la Legislatura bonaerense para presentar una nueva nota al presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, con el objetivo de reclamar que los recursos provenientes del endeudamiento provincial puedan utilizarse sin restricciones, frente a la fuerte caída de la recaudación y de las transferencias discrecionales.
La medida de Katopodis y Kicillof quedó plasmada en la Resolución 231/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, que reglamentó el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal creado en el marco de la Ley 15.561 y del endeudamiento aprobado a fines del año pasado.
La nueva normativa de la provincia de Buenos Aires establece una serie de requisitos técnicos y administrativos que los municipios deberán cumplir para acceder a los desembolsos destinados a obras públicas. Entre las exigencias aparecen memorias descriptivas, planos, presupuestos detallados, acreditación de titularidad de predios y certificaciones refrendadas por funcionarios comunales.
Además, la administración de Kicillof se reservó la potestad de controlar la “razonabilidad” de los montos presupuestados y verificar que no exista superposición con otras obras en ejecución, mientras que la Dirección Provincial de Infraestructura Municipal será el organismo encargado de analizar la viabilidad técnica y financiera de cada proyecto antes de autorizar las transferencias de fondos.
En la misma línea, el esquema de financiamiento también quedó atado al avance físico de las obras. De acuerdo a la reglamentación dispuesta por Katopodis y Kicillof, los municipios solo podrán acceder al segundo desembolso si acreditan al menos un 20% de ejecución y colocan el cartel oficial de obra, mientras que el tercer giro estará condicionado a superar el 50% de avance y presentar la rendición correspondiente.
En paralelo, el Ministerio de Infraestructura dejó asentado que podrá suspender pagos y bloquear nuevos proyectos en aquellos distritos que “obstaculicen el contralor” de los fondos públicos, e incluso la normativa publicada este jueves prevé la intervención del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires ante eventuales incumplimientos en las rendiciones finales.
Como era de esperarse, la decisión provincial generó malestar entre los intendentes, que desde hace semanas impulsan una ofensiva conjunta para lograr que el 100% de los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal pueda utilizarse libremente. Actualmente, el 70% se distribuye automáticamente mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante depende de programas específicos.
El reclamo ya reúne cerca de 70 firmas de alcaldes de distintos sectores políticos, entre ellos dirigentes del radicalismo, el PRO, el peronismo y referentes cercanos al Frente Renovador, en el marco de una iniciativa que surgió desde el Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo, y que luego sumó apoyos de municipios del Conurbano bonaerense.
“Necesitamos fondos para asegurar el pago de sueldos y aguinaldos, lo de las obras en este contexto es secundario”, sostuvo días atrás un intendente de la Unión Cívica Radical (UCR), que reflejó la preocupación de las comunas por la caída de la coparticipación y el deterioro en la cobrabilidad de las tasas municipales.
Vale recordar que a principios de abril los intendentes del radicalismo se reunieron con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, para llevarle su reclamo por la libre disponibilidad de los fondos. En su respuesta, el funcionario de Axel Kicillof le pasó la pelota a la Legislatura, y desde las huestes del peronismo terminaron por rechazar el pedido de la oposición. Pese a eso, el FRICDE insiste con la solicitud para darle un poco de oxígeno financiero a los jefes comunales.
La oposición prepara un proyecto para pedirle a Kicillof la libre disponibilidad de los fondos municipales
Ante este accionar del Ejecutivo, legisladores bonaerenses de la oposición cerraron filas y avanzan en la redacción de un proyecto de ley para que los fondos del endeudamiento sean de libre disponibilidad.
Según pudo averiguar Diputados Bonaerenses, el bloque de diputados de la UCR-Unión Cívica Radical, que preside María Alejandra Lordén, trabaja de manera conjunta con el presidente del Foro de Intendentes Radicales, Maximiliano Suescun, así como legisladores de las otras fuerzas políticas para modificar la letra chica del Fondo de Fortalecimiento Municipal.
La intención es que el 30% de los fondos coparticipables sean de libre disponibilidad y sirvan como ayuda directa a los municipios. Si bien la iniciativa fue impulsada por el bloque radical, este medio pudo averiguar que hay dialogo con otras fuerzas políticas para que el proyecto tome mayor fuerza legislativa.
“Decidimos tomar cartas en el asunto, no podemos crear trabas burocráticas para nuestros intendentes, que son el primer mostrador de cara al vecino, como representantes de todos ellos, tenemos la obligación de darles soluciones, no problemas. Vamos a hacer todo lo posible para que este proyecto salga adelante”, señalaron desde la bancada del partido centenario.
