Luego de que Axel Kicillof volviera a prorrogar por decreto el Presupuesto 2023 y extendiera la vigencia de la Ley Impositiva 2024, legisladores oficialistas y opositores el próximo martes retomarán junto a funcionarios del Ejecutivo las frustradas negociaciones con el objetivo de tratar el paquete de leyes durante el segundo mes del año.
El Gobierno buscará atender parte de los pedidos de los bloques opositores, que no pudieron ser canalizados en la doble sesión del 27 de diciembre. Entre los puntos en conflicto, está el pedido por cargos en la Suprema Corte bonaerense y la falta de acuerdos por la solicitud de endeudamiento introducida en el proyecto de Presupuesto 2025.
En primer término, el oficialismo recibirá el próximo martes 7 de enero a partir de las 15 horas a los bloques UCR + Cambio Federal, PRO y Coalición Cívica. “Luego seguiremos con otros bloques, si es posible el mismo día o al siguiente”, precisó el titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera.
Además, participarán de la mesa de trabajo los ministros bonaerenses Gabriel Katopodis (Infraestructura), Pablo López (Economía) y Daniela Vila (Secretaria General de Gobierno). Por la oposición, darán el presente los titulares de los bloques antes mencionados, Diego Garciarena, Matías Ranzini y Maricel Etchecoin; y sus pares del Senado Agustín Máspoli (UCR) y Christian Gribaudo (PRO).
En este escenario, desde Gobernación pretenden enhebrar los consensos que no se lograron en diciembre y así darle curso al Presupuesto y a la Ley Fiscal en una sesión extraordinaria en ambas Cámaras de la Legislatura bonaerense, para que el Ejecutivo tenga los instrumentos necesarios para gestionar la Provincia.
Con relación al endeudamiento, Guerrera puntualizó que la oposición reclamó que el 16,14% de cada tramo esté destinado a los municipios, un número que Kicillof se negó a aceptar. “El Ejecutivo no podía afrontar ese monto, porque le afectaba el pago de los compromisos de deuda”, detalló el titular de la Cámara baja.
Al margen de la pelea por los fondos, la discusión en diciembre se trabó por la autorización a tomar deuda por un monto equivalente a USD 1.045 millones y para la emisión de Letras del Tesoro por un total de USD 250 millones, que solicitó el Gobernador en el proyecto original del Presupuesto 2025.
En cuanto a la discusión por los cargos en organismos del Estado, desde Unión por la Patria indicaron que también “están dispuestos a analizarlos” en la mesa de trabajo. Además de lugares en el directorio del Banco Provincia y en el Consejo de Educación, la oposición se plantó por las cuatro vacantes en la Suprema Corte bonaerense.
Si bien la intención de Kicillof era dar esa discusión por fuera del Presupuesto 2025 y una vez abierto el período de sesiones ordinarias, fuentes de Gobernación indicaron que podrían ceder un lugar del Máximo Tribunal. El radicalismo, el PRO y La Libertad Avanza pulsearían para quedarse con esa silla.
“Es tradición de esta provincia que la oposición ostente alguno de esos cargos, pero también es cierto que hay problemas dentro de la oposición porque hay actores que ocuparon esos cargos cuando pertenecían a un espacio político, pero hoy ha habido corrimientos”, planteó Guerrera días atrás.
La oposición cruzó a Kicillof por prorrogar la Ley Impositiva
Como parte de los condimentos que tendrá la mesa de trabajo del próximo martes, el bloque de diputados de la UCR + Cambio Federal, que preside Diego Garciarena, salió a sembrar dudas sobre la legalidad del decreto 3681/24, publicado recientemente en el Boletín Oficial, que estableció la prórroga de la Ley Fiscal Impositiva 2024.
“El artículo 2 del Decreto 3681/2024 es de dudosa legalidad. A nuestro criterio no puede el Poder Ejecutivo prorrogar la ley fiscal porque se trata de una facultad propia del Poder Legislativo (artículos 45 y 103 inciso 1 CPBA). Legalidad y anualidad son dos principios que rigen las normas tributarias”, advirtió el titular del bloque, Diego Garciarena.
Desde la bancada opositora alegaron que Kicillof estaría violando el artículo 45 de la Constitución provincial y el artículo 103, que establece la potestad del Poder Legislativo de establecer “los impuestos y contribuciones necesarios para los gastos de servicio público, debiendo estas cargas ser uniformes en toda la provincia”.
Asimismo, Garciarena remarcó que “no puede el Ejecutivo emitir normas en materia tributaria en ningún caso”. “‘No hay impuestos sin ley’, es una máxima que viene desde la revolución francesa”, añadió en relación a la normativa necesaria para que la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA) pueda cobrar los impuestos de manera legal.
En rigor, el decreto también autoriza al Palacio de Hacienda a realizar las adecuaciones pertinentes al presupuesto prorrogado con el fin de dar cumplimiento al artículo 26 del Anexo Único del Decreto N° 3260/08 y sus modificatorias. La norma, también instruye al Ministerio de Economía y a la ARBA a emitir las normas y adoptar las acciones necesarias para la implementación de las disposiciones pertinentes.
