El exintendente de La Plata, Julio Garro, fue imputado, bajo acusación de administración fraudulenta, en la causa que investiga el otorgamiento irregular de loteos y barrios cerrados durante su gestión al frente de la capital bonaerense.
La notificación fue realizado la sede de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 5 Departamental, a cargo del fiscal Juan Ignacio Mennucci. En ese marco, Garro se presentó ante la Justicia y recibió una copia del acta correspondiente.
La investigación judicial que lleva casi dos años, analiza el desarrollo de urbanizaciones que no habrían contado con el aval correspondiente de la Provincia. La reactivación de la causa se motorizó tras el cambio del fiscal Juan Condomí Alcorta y el expediente añadió la presunción de delitos vinculados con el manejo del patrimonio y los fondos públicos.
Según consta en la reciente imputación, la investigación lleva como carátula “Garro, Julio y otros sobre fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito de funcionario o empleado público, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad, e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Es preciso mencionar que, la causa fue iniciada en octubre de 2024 por el actual jefe comunal de La Plata, Julio Alak, que busca desentrañar el esquema por el cual la gestión de Garro autorizó, por medio del Concejo Deliberante, desarrollos inmobiliarios de 400 barrios cerrados sin los permisos necesarios, lo que habría generado un perjuicio económico de USD 1.500 millones.
En ese sentido, el nuevo fiscal al frente de la investigación imputó formalmente al exintendente platense del PRO y a otros ex funcionarios comunales durante que se desempeñaron en La Plata entre 2015 y 2023, entre ellos el exjefe de Coordinación Municipal, Oscar Negrelli, y la exsecretaria de planeamiento, María José Botta.
Hasta el momento, la Municipalidad de La Plata recibió casi 2.000 consultas de compradores afectados, registró formalmente a 93 damnificados y sumó a la denuncia penal cuatro nuevos emprendimientos irregulares detectados en la periferia.
Muchos de los desarrollos inmobiliarios autorizados por el Legislativo durante el período garrista corresponden a barrios cerrados, instalaciones que se encuentran regulados por el Decreto Provincial N°27, sancionado en 1998. De acuerdo al documento de Alak, el Área de Legal y Técnica municipal ya había reconocido en 2017 la situación de irregularidad, no obstante Garro habría avanzado de igual forma.
Asimismo, el actual intendente de la capital bonaerense menciona que en septiembre de 2024suspendió las obras de los 400 barrios cerrados en pugna debido a que la Municipalidad “nunca” debió haber permitido el inicio de las construcciones, ya que fueron “ordenanzas no convalidadas por la Provincia”.
