“Las personas con discapacidad están a la deriva”, sintetizó la senadora provincial del GEN, Lorena Mandagarán, que viene promoviendo el cumplimiento de la ley 10.592 que establece la obligatoriedad para que empresas de sector público y privado contraten a empleados con capacidades diferentes.
En las últimas horas, la senadora azuleña Mandagarán presentó un pedido de informes para que el gobierno de Axel Kicillof informe la cantidad de personas con discapacidad que hay en la provincia, cuántas están ocupadas y en qué lugares se desempeñan.
En diálogo con Diputados Bonaerenses, Lorena Mandagarán, advirtió que“hasta el momento no tenemos información del cupo laboral para personas con discapacidad, pero intuimos que no se cumple en absoluto”. “Arrancamos por un pedido de informes para ver qué otras herramientas necesitamos legislar para hacer cumplir un derecho”, explicó.
La ley 10.592 establece que “el Estado Provincial, sus organismos descentralizados, las empresas del Estado, las municipalidades, personas jurídicas de derecho público no estatal creadas por Ley, las empresas subsidiadas por el Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, están obligados a ocupar personas con discapacidad”.
“La ley es clarísima y las empresas deberían cumplir con la obligatoriedad de acuerdo a la idoneidad de las personas con discapacidad, porque también es denigrantequese incorpore para cumplir con el cupo y los dejen sentados en una silla. Tienen tienen que cumplir una función productiva porque todos tenemos distintas capacidades”, agregó la senadora Mandagarán.
De acuerdo a la norma 10.592, la Provincia debe incluir una proporción de personas con discapacidad equivalente al 4% del total de su personal cualquiera sea el modo de contratación que tenga (planta permanente, temporaria, transitoria y/o personal contratado). Sin embargo, hasta el momento no hay datos oficiales del cumplimiento de la ley.
Asimismo, la senadora Mandagarán pidió que el Gobierno bonaerense “informe de modo detallado los números y porcentajes de cargos ocupados, vacantes y reservas de los mismos para las personas con discapacidad para poder generar reclamos, herramientas y respuestas en consecuencia”.
En tanto, el proyecto de pedidos de informes de Mandagarán también reclama conocer si el Servicio de Colocación Laboral Selectiva para Personas con Discapacidad (SECLAS) posee un registro de aspirantes como así también un control de cumplimiento del cupo laboral en cada dependencia.
Según pudo reconstruir este medio, uno de los principales inconvenientes para el acceso a información oficial sobre la ocupación de personas con discapacidad es que el SECLAS, encargado de articular, diseñar y gestionar la inclusión laboral, se encuentra paralizado desde el inicio de la gestión de Kicillof.
En este sentido, la legisladora de Azul sostuvo que representantes de varias organizaciones y asociaciones civiles vienen advirtiendo que hay un alto porcentaje de personas con discapacidad que ni siquiera están empadronadas y no reciben pensiones ni jubilaciones. “Están a la deriva”, apuntó.
A más 40 años de haberse sancionado la normativa a nivel nacional (Ley 22.431), la cantidad de personal con discapacidad contratado es de 0,61%, lo que significa que de un total de 460.506 solo 2.830 tienen certificado de discapacidad y están empleados.
