La senadora provincial de Juntos, Lorena Mandagarán, presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para que el gobierno de Axel Kicillof informe sobre el cumplimiento de la ley de cupo laboral para personas con discapacidad.
“Pedimos nos brinden respuestas con respecto al efectivo cumplimiento de su obligación de ocupar a personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal”, inquirió Mandagarán.
La ley 10.592 establece que “el Estado Provincial, sus organismos descentralizados, las empresas del Estado, las municipalidades, personas jurídicas de derecho público no estatal creadas por Ley, las empresas subsidiadas por el Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, están obligados a ocupar personas con discapacidad”.
De acuerdo a la normativa, sancionada en 1987, la Provincia debe incluir una proporción de personas con discapacidad equivalente al 4% del total de su personal cualquiera sea el modo de contratación que tenga (planta permanente, temporaria, transitoria y/o personal contratado).
En este marco, la senadora Mandagarán pidió que el Gobierno bonaerense “informe de modo detallado los números y porcentajes de cargos ocupados, vacantes y reservas de los mismos para las personas con discapacidad” para poder generar “reclamos, herramientas y respuestas en consecuencia”.
“El trabajo es un derecho humano fundamental. Toda persona debe tener la posibilidad de elegirlo y de acceder en condiciones equitativas, dignas, con protección social y con una retribución digna”, argumentó la legisladora de Juntos.
La iniciativa de Mandagarán busca, también, conocer si el Servicio de Colocación Laboral Selectiva para Personas con Discapacidad (SECLAS) posee un registro de aspirantes como así también un control de cumplimiento del cupo laboral en cada dependencia.
Cabe señalar que, el SECLAS es un organismo que pertenece al ministerio de Trabajo bonaerense el cual se encarga de articular, diseñar y gestionar distintas políticas vinculadas a la inclusión laboral de personas con discapacidad en el ámbito público y privado de la provincia de Buenos Aires.
A más 40 años de haberse sancionado la normativa a nivel nacional (Ley 22.431), la cantidad de personal con discapacidad contratado es de 0,61%, según datos de 2021 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público lo que significa que de un total de 460.506 solo 2.830 tienen certificado de discapacidad y están empleados.
