martes, julio 5, 2022

La ampliación y reconocimiento de derechos debe llegar con una reforma judicial cercana

El senador provincial del Frente de Todos, Francisco Durañona, planteó la necesidad de una reforma integral del Poder Judicial.

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Por Francisco Durañona (*)

 

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Son muchas las deudas que el Poder Judicial tiene con la sociedad argentina. Es necesaria una reforma integral del Poder Judicial, que apunte principalmente a la cercanía y la incorporación de perspectiva de género y diversidad. Esto implica, por un lado, avanzar en alcanzar la paridad de género de los jueces y juezas que dictan sobre nuestros derechos y, por el otro, que la reforma priorice la inclusión de mujeres y diversidades en todos los aspectos de la vida comunitaria y laboral. Velamos por una organización y fortalecimiento de la Justicia vecinal, en sentido geográfico y también humano, porque creemos que todas y todos debemos poder confiar en la Justicia como la salida colectiva para la resolución de nuestros conflictos como sociedad, contando con su presencia y accesibilidad en cualquier rincón,  sin importar ubicación geográfica ni cantidad de población. Los que  militamos y trabajamos en el campo popular alzamos la bandera de la justicia social, que iguale los derechos y oportunidades para todos y todas las argentinas y argentinos, en las grandes ciudades y en las pequeñas localidades.

Si hablamos de igualdad, no podemos dejar de mencionar las consecuencias que trae que el Poder Judicial, muchas  veces mantenga y despliegue decisiones y acciones machistas, clasistas y centralistas, dejando de lado una amplia mayoría de voces y singularidades sociales y comuniales presentes en la amplia nación que somos, tal como es el caso de la oleada feminista que vino para quedarse visbilizando todas las desigualdades de género existentes; además de la creciente ola transfeminista de estos ultimos tiempos, que lucha por conquistar derechos postergados y pone sobre la mesa las violencias hacia el colectivo trans. En el senado bonaerense hemos presentado un proyecto de ley que implicaría un cambio radical en el sistema judicial actual, que siempre es más deficiente con las mujeres y diversidades, probablemente porque no está representado por ellas y elles. Con el objetivo de lograr la paridad, es que el proyecto contempla que haya igualdad de representación en el Consejo de la Magistratura así como en la totalidad de los cargos jerárquicos del sistema. El criterio será que, hasta alcanzar ese objetivo, las vacantes sean cubiertas por mujeres y, de esta forma, tender hacia una justicia más equitativa, más representativa, más democrática. 

Es inadmisible que el Poder Judicial esté conformado mayormente por varones oriundos de la Capital Federal, desconociendo el enorme potencial del interior y de las mujeres que lo integran. Necesitamos una justicia con paridad de género y con una perspectiva federal, que esté al alcance de los y las vecinas sin importar su ubicación geográfica. Resulta imperioso avanzar hacia una reforma integral de la justicia que garantice el acceso en las localidades del interior del país y de la provincia de Buenos Aires. 

Sin embargo, resulta evidente que esto solo no alcanza para que las voces de las mujeres y las disidencias sean escuchadas plenamente. Para que la justicia las/es tome en cuenta debemos no solo discutir una reforma judicial sino garantizarles derechos irrestrictos que tienen como ciudadanas/es de la República Argentina, tal como es el caso de un trabajo y sueldo digno. Conocemos el caso de Tehuel de la Torre, un joven trans que desapareció hace 5 meses cuando salió de su hogar a una entrevista laboral en la casa de un conocido de la que nunca volvió. Las dificultades que atraviesan las personas trans y disidencias a la hora de buscar un empleo son múltiples y se amplifican con la enorme discriminación que aún hoy existe en nuestra sociedad y que la justicia muchas veces desoye, naturaliza o no lo considera como agravante.

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Desde la Legislatura bonaerense también estamos elaborando proyectos que buscan saldar estas deudas para que la Provincia sea un lugar más justo y equitativo. Es por eso que estamos trabajando en la creación de un Programa de Inclusión Laboral para personas travestis, trans y no binaries cuya competencia y ejecución estará en manos del Ejecutivo Provincial. Esta iniciativa se orienta a promover la inserción y el desarrollo laboral de colectivos vulnerados, a través de la implementación de diferentes herramientas y estrategias. Queremos garantizar el cumplimiento de la Ley N° 14.783 “Diana Sacayán”, así como diseñar e implementar un plan integral de promoción del proyecto laboral personal y colectivo. También, incentivar la finalización de los procesos educativos formales, así como la continuidad formativa necesaria para el buen desempeño en el mundo del trabajo. Más aún, llevar a cabo todas aquellas acciones que permitan alcanzar la igualdad de oportunidades en este plano, fundamental para el desarrollo y el crecimiento individual, generando arraigo.

Atendiendo la demanda de éste colectivo, que nos pide a gritos una respuesta y que ha quedado marginado de derechos, teniendo en cuenta que un 67% no llega a terminar sus estudios secundarios, dificultando su acceso al mercado laboral y culminando en una expectativa de vida que no pasa de los 35 a 40 años, es que resulta urgente crear políticas públicas orientadas a la ampliación de derechos. En este sentido el proyecto prevé la planificación de acciones de formación laboral e integración al mundo laboral formal; además de generar convenios con organizaciones de la sociedad civil -como nexo directo para el cumplimiento en cada territorio además de los gobiernos locales- y establecer un cupo de prácticas laborales en el ámbito del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La urgencia por cortar esta cadena de exclusiones y discriminación, así como por reparar las vulneraciones que se han cometido históricamente contra las personas travestis, transexuales y transgénero en nuestro país, ha llevado a la Argentina y a nuestra provincia a avanzar firmemente en normativas tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida de este grupo en función del acceso y el pleno ejercicio de sus derechos. Tal es el caso de la Ley de Identidad de Género sancionada en el año 2012 y el Cupo laboral Travesti Trans en el sector público celebrado este año. Por su parte, en la Provincia de Buenos Aires en el año 2015 se sancionó la Ley “Diana Sacayán” y el año pasado, el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires dictaminaron de manera conjunta la creación de una Comisión Técnica Mixta, que podrá intervenir para cubrir vacantes y monitorear el cumplimiento del cupo laboral mínimo del 1% de la totalidad del personal del sector público bonaerense por personas travestis, transexuales y transgénero.

Estas normativas ratifican que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene entre sus objetivos promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público, con fundamentos en la no discriminación y en el derecho de toda persona al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de su identidad de género. Sin embargo entendemos que aún falta mucho y que la justicia debe adecuarse a estas normativas y demandas completamente justas de los movimientos sociales, de nuestra población llegando a cada comunidad garantizando la igualdad de condiciones, de derechos esenciales, de justicia para todos/as/es en cada rincón de nuestra Provincia generando el arraigo necesario para vivir de manera digna, con derechos garantizados y con la certeza de que la justicia los/as/es acompañará en caso de ser necesario, transformando de fondo la mala imagen que históricamente tiene este Poder, actualizándolo y acercándolo a los territorios para poder disminuir genuinamente, en el interior, las violencias hacia las mujeres y hacia las diversidades. 

 

(*) El autor es senador provincial del Frente de Todos. 

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