Legisladores bonaerenses de gran parte del abanico político provincial abrieron la semana con la presentación de sendos proyectos para manifestar su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de Javier Milei de retirar las credenciales y restringir el acceso a la Casa Rosada a la totalidad de los periodistas acreditados.
Luego de que la administración nacional decidiera este lunes ratificar la medida iniciada la semana pasada sin dar precisión sobre el plazo de su finalización, diputados de Fuerza Patria, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda (FIT-U) remarcaron que la restricción a los periodistas acreditados constituye un “hecho de extrema gravedad institucional”.
En ese sentido, la diputada oficialista, Silvina Nardini, afirmó que esta medida vulnera derechos tales como el de acceso a la información pública, la libertad de expresión y el principio de máxima divulgación. “Impacta en una restricción inadmisible al contacto directo entre funcionarios y periodistas que debilita su posibilidad de repregunta y control en tiempo real”, puntualizó.
“La admisibilidad y consolidación de estas prácticas inauditas generarán un menor nivel de transparencia que afectará sin duda alguna la calidad institucional del sistema democrático argentino, que es ejemplo en el mundo”, subrayó la legisladora bonaerense de Fuerza Patria en los fundamentos del proyecto.
Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica, Romina Braga, también impulsó una iniciativa parlamentaria para declarar su profunda preocupación ante la decisión del Gobierno de retirar las credenciales y restringir el acceso a la Casa Rosada a la totalidad de los periodistas acreditados.
Si bien la política ha sido calificada por el Gobierno como “preventiva”, en el marco de una denuncia por un presunto espionaje ruso dentro del edificio presidencial, desde la Coalición Cívica remarcaron que la respuesta estatal “no distingue entre los presuntos responsables del hecho y el conjunto de los trabajadores de prensa acreditados”, lo que afecta de manera indiscriminada el ejercicio de su labor.
“La presencia de periodistas en esos espacios no constituye un privilegio corporativo, sino una garantía para el funcionamiento del sistema republicano y para vigencia efectiva del principio de publicidad de los actos de gobierno. Además, senta un precedente preocupante en materia de libertad de expresión”, sostuvo Braga en el proyecto presentado junto a su compañero de bancada, Andrés de Leo.
También en el ámbito de la Legislatura bonaerense, el diputado del Frente de Izquierda, Christian Castillo, presentó un proyecto para expresar su rechazo a lo decidido por la gestión de Milei, al calificarlo como una “restricción directa y generalizada al ejercicio del periodismo.
“Implica, en los hechos, un bloqueo al acceso a fuentes directas de información oficial. La acreditación periodística es una herramienta indispensable para garantizar el derecho constitucional a informar y a ser informado”, remarcó Castillo.
Es preciso mencionar que, el pasado 23 de abril el Gobierno nacional deshabilitó el registro de huellas dactilares que permitía a unos 60 periodistas acreditados de distintos medios nacionales y extranjeros ingresar a Casa Rosada para cumplir su labor informativa diaria en la sala de prensa.
La medida, provocó una extensa serie de repudios, que incluyó distintos partidos y dirigentes de la oposición, entidades periodísticas como ADEPA, FOPEA y SIPREBA, así como también desde la Comisión Episcopal de Comunicación Social.
