La Legislatura bonaerense resolvió encarar una deuda histórica que tiene con la democracia. En la previa del 46º aniversario del golpe de Estado más sangriento de la Argentina, los diputados y senadores provinciales desempolvaron un proyecto que quedó trunco durante la administración de María Eugenia Vidal.
Se trata de la revisión de todos los decretos leyes y ordenanzas establecidas por la última dictadura cívico-militar. Si bien hay algunos cambios en las formas, el proyecto mantiene el espíritu de derogar, sustituir, modificar, ordenar y adecuar las normativas dictadas durante el gobierno de facto.
Durante las sesiones especiales de ayer por el 24 de marzo, la Legislatura bonaerense aprobó una resolución conjunta del presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, y de la titular del Senado bonaerense, Verónica Magario, que crea una Unidad para la Reparación Histórica Legislativa.
“Hemos dado el puntapié inicial para constituir la Unidad para la Reparación Histórica Legislativa. Este proyecto viene desde el comienzo de la gestión de Axel Kicillof, quien se sumó a la iniciativa de transformar a una provincia libre de leyes de facto ni bien asumió como gobernador”, explicó el diputado peronista Walter Abarca.
De acuerdo a la iniciativa sancionada, la Unidad para la Reparación Histórica Legislativa dependerá de las presidencias de ambos cuerpos, quienes deberán designar un directorio que trabajará ad honorem que garantice el cumplimento de los objetivos definidos en la resolución conjunta.
“El objetivo era poner en pie esta iniciativa para el bicentenario de la provincia de Buenos Aires, pero después llegó la pandemia. Ojalá el próximo 24 de marzo estemos sancionando leyes de la democracia y un digesto libres de doctinas de facto”, agregó Abarca.
En ese contexto, la Unidad para la Reparación Histórica Legislativa deberá clasificar todos los decretos leyes y ordenanzas dictadas durante el golpe de Estado, posteriormente elaborar informes destinados a las secretarías legislativas, confeccionar las nuevas normas y proporcionar asesoramiento a los municipios.
“Cada una de las leyes se crean en un contexto histórico determinado, en la provincia de Buenos Aires hay muchas leyes sancionadas cuando no había un poder delegado. La Secretaría Legislativa ya viene trabajando en análisis de estas normas”, remarcó Abarca.
En sintonía con el trabajo legislativo, durante el acto oficial del Gobierno bonaerense por el 24 de marzo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, explicó que el gobernador, Axel Kicillof, solicitó “instruir a la Asesoría de Gobierno a hacer relevamiento de todos los decretos de las dictaduras militares”.
Legislatura bonaerense: antecedentes de revisión de las leyes de la dictadura
La revisión de los decretos leyes y las ordenanzas establecidas durante la última dictadura cívico-militar es una tarea que ya encararon otras gestiones en la Legislatura bonaerense. Por caso, en 2019 el vidalismo impulsó un proyecto para avanzar en este sentido.
La iniciativa le encomendaba a la secretaría legislativa de la Cámara de Diputados bonaerense a través de la Unidad de Digesto Jurídico avanzar con el estudio de las normativas de facto para luego presentar informes a la Comisión de Legislación General, cuerpo encargado de proponer las nuevas leyes de la democracia.
La por entonces titular de esa comisión, la diputada mandato cumplido Rocío Giaccone, había advertido que eran “muchísimos proyectos que hay que ver y releer”. “Para muchos hay que hacer un nuevo marco legal, de modo que el trabajo va a ser largo”, sostuvo en aquel entonces la exlegisladora.
En ese contexto, Giaccone había postulado que la idea era concluir el trabajo de análisis antes de que termine el 2019 y en caso contrario quedaría una “buena base para los que continúen”. Esa labor quedó truncada y será retomada por la flamante Unidad para la Reparación Histórica Legislativa.
